Santos y los pocos aliados que le quedan, creyeron que podrían seguir engañando a la sociedad, sacando apresuradamente el reglamento de la cuestionada jurisdicción especial de paz, faltando 3 días para la primera vuelta presidencial.
La JEP es absolutamente ilegítima. La mayoría ciudadana votó en su contra y a pesar de ello, el gobierno procedió a su creación.
En pocos meses, ese tribunal diseñado a la medida de las necesidades de las Farc ha demostrado que se trata de un mecanismo para la corrupción y la impunidad. Sus magistrados se han enfrascado en una guerra intestina por la repartición de puestos y contratos, de oficinas y carros. Las víctimas de las Farc y sus derechos no han merecido la más mínima atención.
Lo sensato en este momento es que el Congreso de la República se abstenga de aprobar el reglamento de la JEP, por lo menos hasta que se conozca el resultado de las elecciones presidenciales.
El próximo domingo, se definirán los nombres de los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Uno de ellos, Iván Duque, propugna por la justicia y ha hecho una campaña criticando la impunidad contenida en los acuerdos Santos-Farc. De ganar la presidencia, el acuerdo de La Habana será sometido a una serie de cambios y ajustes, esos mismos por los que los ciudadanos votaron NO en el plebiscito.
El otro aspirante, Gustavo Petro, seguramente cogobernará con la guerrilla terrorista.
Así las cosas, la prudencia indica que los legisladores esperen hasta que se conozca el veredicto democrático y se defina el nombre del próximo presidente de la República.
Lo cierto e incontrovertible es que la JEP debe ser eliminada por su propia ilegitimidad. Le corresponderá al gobierno uribista identificar una herramienta judicial para castigar a las Farc, mecanismo que satisfaga los principios elementales de la justicia.
Santos, en reciente entrevista a un periódico español, aseveró que la JEP fue hecha a la medida de las exigencias de las Farc. Aquello es inadmisible. En ninguna democracia es aceptable que los criminales diseñen el aparato judicial, las normas y designen a los jueces que van a investigar sus conductas delictivas.
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Las condiciones no la puede imponer el terrorismo sino la democracia. Es obvio que debe plantearse un castigo alternativo, con beneficios para aquellos que entreguen las armas, se reincorporen a la vida civil, confiesen sus delitos y reparen integralmente a sus víctimas. Pero en ningún caso puede haber impunidad, como se ha visto con la JEP.
Si alguien tenía dudas del servilismo de la JEP ante los criminales de las Farc, basta con darle una mirada al caso del narcotraficante Jesús Sántrich. Sin competencia alguna sobre casos de extradición, un magistrado de ese tribunal suspendió el trámite que ni siquiera ha empezado a surtirse, todo con el fin de blindar a ese capo y garantizarle su estadía en Colombia.
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Los primeros beneficiados con un mecanismo de justicia legítimo e incuestionado, serán los propios terroristas de las Farc. A ellos les conviene ser investigados y sancionados por un tribunal que no despierte sospechas.
Así mismo, debe garantizarse que aquellos miembros de esa guerrilla que sigan delinquiendo, serán castigados ejemplarmente. Sántrich no es el único capo de las Farc. Seguramente, en los próximos días la justicia norteamericana procederá a solicitar en extradición a otros capos de esa organización, empezando por el genocida alias Iván Márquez.
Que sea entonces el nuevo gobierno el que trace los derroteros de la justicia que se le impondrá a la guerrilla de las Farc y plantee cuál será la suerte de la ilegítima JEP, un tribunal nefasto que amenaza con acabar con la justicia colombiana.
Publicado: mayo 24 de 2018
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