“Les manifiesto que tengo información valiosa (…) Es de tanta trascendencia la información que voy a proporcionar que desde ya solicito protección para mí y para mi familia». Es una de las construcciones semánticas del documento revelado por la revista Semana, con el que el ex alcalde de Magangue (Bolívar) se dirige a la Secretaria de la Sala de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidiendo que su caso sea acogido como de competencia de esa jurisdicción, teniendo en cuenta que los hechos que le fueron imputados se desarrollaron con ocasión del conflicto armado colombiano.
Jorge Luis Alfonso López no sólo es el exalcalde del municipio rivereño del rio Magdalena. Es el hijo mayor de Enilse del Rosario López Romero, a quien la administración de justicia colombiana y los medios de comunicación llaman “La Gata”, dueña de todo el emporio empresarial del chance o apuestas permanentes, cuyos contratos estatales fueron entregados a ella mediante concesiones otorgadas por los gobernadores de los últimos veinte años de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba y buena parte de Antioquia. Parte de esas ganancias, fueron repartidas en ayudas sociales, por ella misma, por toda la ribera del río Magdalena. Por eso, los políticos acudían a ella para que les ayudara con lo votos.
La carta del hijo de doña Enilse –como la llaman sus simpatizantes políticos, que no son pocos- pone en manos de la JEP no la cuota inicial para conocer la verdad real en la gran mayoría de procesos judiciales por parapolítica, sino muy posiblemente en la balanza de la justicia, los quintales necesarios para un verdadero proceso de reconciliación, partiendo de la verdad en la búsqueda del perdón social y político.
No gratuitamente el autor de la carta expresa que: «[E]n este momento de transformación social quiero contribuir a la paz de Colombia, reconociendo mi responsabilidad en hechos penosos, lamentables en los que me vi involucrado y lo haré contando la verdad, contando situaciones en las que tuve participación, dando a conocer el nombre y la forma de participación de otras personas que también estuvieron involucradas en hechos del conflicto armado”. Y es que Jorge Luis Alfonso López se destacó en su vida pública como un opositor férreo a las doctrinas pro FARC y en su condición de líder político posee información valiosa que servirá de insumo judicial para que los colombianos tengamos la oportunidad de no sólo de conocer la versión de los exguerrilleros de las FARC a quienes el Estado les otorgó cuotas de poder en el Legislativo, sino la de la otra parte del conflicto, que ante la incapacidad y ausencia del Estado asumió la causa de este, como propia.
Y claro que también, por más caparazón que se tenga, debe ser duro y tormentoso observar desde una celda, como el poder judicial administrado por jueces y fiscales formados en las escuelas de derechos humanos de la izquierda fundamentalista colombiana, despachan autos y ordenes en contra de toda su familia, padre y hermanos -presos hoy- incluida su progenitora, a quien por su estado de salud el aparato estatal la mantiene muerta en vida.
Que la JEP no nos prive del derecho a saber la verdad de los verdaderos actores directos e indirectos del conflicto armado colombiano distintos a las FARC-EP, quienes se inventaron ese aparato irregular de guerra. La información que tiene Alfonso López, es valiosa para la paz estable y duradera de Colombia, y es de tanta trascendencia, que el Estado debe comenzar por proporcionar protección a él y a su familia.
Publicado: mayo 8 de 2018