Los medios de comunicación en Colombia se han caracterizado por bautizar a los más terribles delitos contra el patrimonio público con nombres inofensivos. Esa práctica ha resultado en que la opinión pública le reste la importancia que amerita tan despreciables conductas. La mermelada, que no es nada distinto a un soborno del gobierno para que los congresistas voten proyectos a su favor, es uno de los múltiples ejemplos de tal práctica.
Esta semana la opinión pública conoció apartes de la colaboración con la justicia del ex congresista Musa Besaile en el caso de la llamada “ruta de la mermelada. En su confesión no solo aceptó haber sido receptor de sobornos, sino que dio los nombres de algunos de los implicados y explicó las circunstancias en que se dieron. Besaile aseguró que los sobornos se materializaron en burocracia y en cupos indicativos que son los mismos auxilios parlamentarios con un nombre distinto. El primer dato que llamó la atención fue que, según Besaile, todo, repito TODO, se pactaba en el Palacio de Nariño en reuniones con los parlamentarios. ¿Será que el presidente Santos, el mas beneficiado con los resultados de esas reuniones, estaba al tanto de que en su casa se estaban reuniendo miembros de su gobierno con los parlamentarios en cuestión? No soy especialista en derecho penal, pero también me pregunto: ¿a la reunión de dos o más personas con la finalidad de celebrar un pacto con fines delictivos se le llama concierto para delinquir? ¿el soborno es un delito?
Besaile en su declaración dijo que el gobierno (Santos) calificaba a los parlamentarios según su importancia electoral, es decir, la cantidad de votos que habían recibido. A las entidades también las dividían en categorías según la cantidad de dinero que podían ordeñarles y a los puestos que podían feriarse. Es así que en la “clase A” se encontraba el ICBF, en la “clase B” el Incoder, el ICA, el DPS, el Invías y el Banco Agrario, y finalmente en la “clase C” estaban la DIAN, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y el Servicio de Envíos de Colombia (4-72).
Como dije anteriormente, el ex senador también nombró nombres. De parte del gobierno mencionó a Germán Chica, ex alto consejero para los Asuntos Políticos de Santos y de Luis Miguel Pico, ex vice ministro de Agricultura. Y por parte de los parlamentarios mencionó a Efraín Cepeda, a Hernán Andrade, al “Ñoño” Elías, a Sara Piedrahita Lyons, a David Barguil, a Yamina Pestana, Nicolás Guerrera y a Julián Bedoya. Lo más seguro es que falten muchos más nombres por mencionar, aunque lo más probable es que no lo sepamos en el futuro próximo porque la Corte Suprema tomó la insólita decisión de suspender la colaboración de Besaile con el argumento de que ésta se había filtrado a los medios de comunicación.
Una Corte acostumbrada a ver como se filtran sus investigaciones y ponencias ahora resolvió ponerle una mordaza a Besaile que está ofreciendo pruebas testimoniales y probablemente documentales que en últimas pone al banquillo la frágil reputación del presidente Santos – el origen de la mermelada según Besaile –.
La lógica nos lleva a concluir que la Corte Suprema está tratando de ponerle tierra a todo este asunto mientras se resuelve quien será el próximo presidente de Colombia. Si es Iván Duque todas estas investigaciones se llevarán de manera transparente e independiente ya que el excongresista y ahora candidato fue parte de la única bancada del Congreso que hizo oposición y votó en contra del gobierno. Si a la presidencia llega Gustavo Petro cualquier cosa puede pasar porque: si Petro recuerda que fue el equivalente al Ñoño Elías en Bogotá ya que fue uno de los grandes promotores de la reelección de Santos, puede pasar que se sienta responsable y se siga embolatando esa investigación. Pero, si decide entrar en el papel del antisistema o anti establecimiento característico de su ideología política posiblemente se llevaría por delante a Santos al que culpa por haberle dado un cheque chimbo para el metro de Bogotá.
Concluyo con la siguiente reflexión: la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, eso no sucede en Colombia. En nuestro país la justicia no está operando de manera transparente y equilibrada y el próximo presidente de la República, que espero sea Iván Duque tiene que comprometerse a reorganizarla y a despolitizarla.
Publicado: junio 1 de 2018
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