Los escándalos y cuestionamientos han sido la regla general en la JEP, tribunal creado a las malas y sin legitimidad alguna para limpiar el pasado de los genocidas de las Farc.
Nadie puede llamarse a engaños: uno de los factores que más pesó en la victoria del NO en el plebiscito de 2016 fue la JEP, figura exótica que despierta desconfianza absoluta en la ciudadanía.
Las Farc no pueden tener una justicia a su servicio.
La absurda decisión adoptada a finales de la semana pasada de suspender el proceso de extradición del capo Jesús Sántrich es un elemento fundamental para exigir la clausura inmediata de esa corte corrupta, politiquera e ideologizada una vez asuma el nuevo gobierno, el próximo 7 de agosto.
La JEP se ha extralimitado, convirtiéndose en un tribunal abusivo cuyas decisiones deben ser desconocidas. Cuando un juez abusa del poder con el que ha sido investido, lo que corresponde es desconocer y pisotear sus decisiones.
De seguir permitiendo silentemente los abusos de la JEP, que nadie se sorprenda si ese tribunal el día de mañana ordena capturas contra personas sobre las que no tiene competencia de acción judicial. La extradición, tal y como está reglada, es un proceso simple cuyas decisión final está en manos del presidente de la República quien tiene el poder de ordenar, suspender o denegar la entrega de un ciudadano reclamado por la justicia de otro país.
Pero un magistrado cualquiera, un perfecto desconocido, resolvió usurparle esa función al presidente de la República al ordenar suspender el proceso de entrega de Sántrich a la justicia norteamericana, donde es esperado para que responda por delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo Santos-Timochenko.
El magistrado usurpador debe ser procesado por la justicia colombiana, por prevaricato, pero también debería ser investigado por la justicia estadounidense por la evidente obstrucción que está propiciando.
Que nadie se sorprenda cuando la JEP ordene la libertad condicional de Sántrich, cómodamente detenido en una casa cural, fina atención de un sector del clero que se ha mostrado complaciente con los genocidas que tanto dolor le han causado al pueblo colombiano.
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Con la extradición suspendida por orden de un juez afín ideológicamente a la banda terrorista de las Farc, se alegará que no hay razón para continuar con Sántrich privado de la libertad, motivo por el que muy posiblemente ese narcotraficante volverá a la calle, para continuar preparándose para asumir su curul como representante a la Cámara el próximo 20 de julio. Pero también recuperará su libertad para finiquitar sus negocios de narcotráfico con el temible cartel mexicano de Sinaloa, a cuyo cabecilla, Rafael Caro Quintero, Sántrich le envía dibujos de su autoría acompañados por sentidas dedicatorias redactadas de su puño y letra.
El proceso con las Farc ha sido, es y seguirá siendo una farsa absoluta. Se trata de un procedimiento diseñado para limpiar el pasado delincuencial de las Farc y, como se está viendo, para protegerlos de la acción de la justicia frente a los delitos que siguen cometiendo.
Mientras la JEP siga existiendo, todos y cada uno de los miembros de las Farc tienen una licencia amplia para seguir cometiendo todos los crímenes que se les ocurra. Saben que cuando la justicia los agarre, serán detenidos en una bella residencia de la curia mientras uno de sus cómplices disfrazado de magistrado de la JEP ordena suspender la investigación en su contra.
El acuerdo Santos-Farc permitió que Colombia se inundara con plantas de coca, las cuales ocupan más de 200 mil hectáreas. Como si aquello no fuera suficiente, el tribunal que se creó para cuidar los intereses de la guerrilla terrorista se ha comprometido a emprender todas las acciones necesarias para garantizar que los miembros de esa organización puedan delinquir sin que nadie los interrumpa ni moleste.
Curioso que gracias a ese acuerdo, que más parece un pacto criminal, Santos logró que Noruega le diera el Nobel de paz.
Publicado: mayo 21 de 2018
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