El corrupto extraditado Luis Gustavo Moreno, para evitar su envío hacia los Estados Unidos, país en el que es esperado por la justicia para responder por distintos delitos, manipuló a la sociedad colombiana diciéndole que con él se irá la verdad sobre el denominado Cartel de la Toga, estructura criminal liderada por los expresidentes de la corte suprema, Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte.
Moreno fue capturado a finales de junio del año pasado y desde el mismo instante en que fueron puestas en evidencia todas sus fechorías, se dio a la tarea de delatar a sus compinches. Gracias a ello, Ricaurte está tras las rejas y Bustos está siendo procesado en el Congreso de la República dada su condición de aforado constitucional.
Luis Gustavo Moreno debía ser extraditadocomo en efecto sucedió y si de verdad está arrepentido, desde ese país puede seguir colaborando con la justicia. Hoy en día existen las herramientas suficientes de cooperación judicial para que ese sujeto preste las declaraciones y allegue las pruebas que corresponda para lograr el desmonte total de la bacrim que se instaló en las más altas cumbres de la justicia de nuestro país.
Así que resulta inadmisible que ese criminal diga ahora que su extradición significará el fin de sus delaciones. Si aquello se cumple, quedaría demostrado que él no está arrepentido de sus actos ilícitos y que, antes bien, se comportó como cualquier delincuente común que se limita a revelar a cuenta gotas lo sucedido con el fin de sacar provecho personal y no con el interés legítimo de aportarle a la sociedad a través de la verdad que es, en la práctica, una invaluable medida de reparación.
Lo importante es que la justicia colombiana ya tiene en su poder suficientes pistas para continuar castigando ejemplarmente la corrupción en la justicia. Al escándalo de la corte suprema, se suma uno en la corte constitucional, donde un funcionario adscrito a la secretaría general de esa corporación se dedicaba a vender selecciones y asignaciones de tutelas.
La captura de ese criminal, seguramente desembocará en un escándalo de mayores proporciones pues seguramente revelará quiénes más en el máximo tribunal constitucional colombiano –posiblemente magistrados- participaban activamente en esas actividades corruptas.
Todo este lamentable episodio refuerza la tesis de la necesidad de convocar a una constituyente para reformar a la justicia. El congreso no tiene ni el músculo ni la legitimidad para hacer los cambios y ajustes que demanda nuestra sociedad.
Así pues, el próximo gobierno uribista se verá forzado a convocar un gran pacto nacional que se traduzca en una constituyente que tenga el mandato exclusivo de hacer las reformas que se requieren, empezando por la creación de una sola corte que, a través de distintas salas, se concentre en la administración de justicia.
Pésimo legado le ha dejado al país el haber inmiscuido a la justicia en asuntos electorales. Aquello abrió la puerta para politizar a la justicia con los efectos nefandos que hoy estamos padeciendo.
Publicado: mayo 17 de 2018
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