Buena señal de la justicia colombiana, al librar medida de aseguramiento contra el corrupto Roberto Prieto Uribe, gerente de las campañas de Santos y mejor amigo, compinche y testaferro del presidente de la República.
Prieto es uno de los eslabones fundamentales de la cadena de corrupción del gobierno Santos. Su captura es un paso en el camino correcto para efectos de descubrir y, por supuesto, sancionar los hechos de corrupción que se cometieron bajo la égida de Juan Manuel Santos.
Aunque el corrupto consejo nacional electoral haya garantizado la impunidad frente a las evidentes ilegalidades en la financiación de las campañas de Santos en 2010 y en 2014, la justicia , por otro camino, empieza a ejercer como corresponde para sancionar al gerente de las mismas.
Santos se valió de Prieto para llevar a cabo su acuerdo corrupto con Odebrecht. El presidente no podía recibir el dinero que esa empresa le donó para sus campañas, razón por la que se decidió recurrir a los servicios del inescrupuloso e infinitamente corrupto Roberto Prieto Uribe.
Prieto no solo articuló el ingreso de dineros de Odebrecht. Él mismo, como lo confesó en su momento Otto Nicolás Bula Bula, recibió un millón de dólares en efectivo, configurando así un evidente enriquecimiento ilícito.
Prieto, además, se convirtió en un temible comisionista ante las principales entidades estatales, particularmente aquellas que desarrollaban proyectos de infraestructura. Planificó e implementó una red de corrupción que se valía de empresas fantasma a través de las cuales mimetizaba los pagos de las comisiones que él recibía a cambio de favorecer los intereses de los empresarios que él representaba.
Por el bien de la justicia, pero también de la democracia, Prieto debería reflexionar sobre el daño causado y contar la verdad. Desde su celda en la cárcel Modelo de Bogotá, revelar los pormenores de la red de corrupción de la que él hizo parte y confesar si el presidente Santos o sus hijos participaron de la misma.
La captura de Prieto es el resultado de una juiciosa, ponderada y seria investigación adelantada por el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez quien en este caso ha demostrado seriedad, imparcialidad e independencia.
Además de Prieto, también deben ser castigados los empresarios a los que él les cobró sobornos. La justicia debe ser implacable con todos los actores que intervienen en los actos de corrupción.
Ese cáncer que tanto daño le ha hecho a Colombia, tiene que ser extirpado de una vez y para siempre. Y decisiones como la adoptada por el juez que ordenó remitir a Prieto a un centro penitenciario, son acertadas y necesarias. Ha empezado a brillar la justicia.
Publicado: mayo 29 de 2018
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