La justicia colombiana está perfectamente descuadernada. La acelerada politización de la rama en estos años de vigencia de la constitución de 1991, ha convertido a los jueces y magistrados en operadores burocráticos y, en algunos casos muy puntuales, en vergonzosos mercaderes de sentencias judiciales.
El escándalo del cartel de la toga, al que le han echado bastante tierra para tapar al grueso de los integrantes del mismo, es una vergüenza que no se puede limitar a un par de magistrados encartados y un abogado corrupto tras las rejas. Tanto en la corte suprema de justicia, como en los tribunales superiores existe un verdadero mercado de decisiones judiciales que sigue funcionando como si se tratara de un reloj suizo.
Este no es un problema que se arreglará con una ley ordinaria o con un decreto. La sociedad colombiana necesita que su sistema judicial sea depurado y para ello se requiere de una reestructuración de fondo, la cual sólo puede llevarse a cabo a través de una constituyente a la que concurran las mejores inteligencias del país, con el compromiso patriótico de crear una nueva rama judicial que inspire respeto y genere confianza entre los ciudadanos.
El presidente Uribe ha venido proponiendo la creación de una sola corte en reemplazo de las 3 que hoy existen. En todas las democracias sólidas, para evitar choques de competencias, existe un solo tribunal de cierre, al que llegan los mejores juristas.
En Colombia, en cambio, las altas cortes no son un puerto de llegada, sino un trampolín político. Magistrados que toman decisiones y luego se lanzan a la arena política a buscar votos con los fallos que ellos mismos emitieron.
Es el caso aberrante de Carlos Gaviria Díaz, el ícono de la extrema izquierda colombiana. De la corte constitucional, salió derechito a hacer proselitismo para llegar al senado de la República, desde donde dio el brinco a una candidatura presidencial en 2006.
Se requiere que los magistrados no se valgan de sus cargos para construir carreras políticas, ni mucho menos que salgan de la corte a litigar ante quienes han sido sus colegas y compañeros de trabajo. Aquello es un golpe monumental a la transparencia y abre la puerta para la corrupción.
Colombia debe volver a los tiempos en los que los magistrados de la corte suprema eran reconocidos por sus providencias y no por sus escándalos. El legado del sujeto Leonidas Bustos a la justicia es perfectamente vergonzoso. Su herencia es nefasta. Aunque no es el único, sí es el referente de la corrupción judicial. Un hombre que pasó de vivir en un humilde apartamento del sur de Bogotá a convertirse en una persona fabulosamente rica, con tulas de dinero enterradas en sus propiedades, es motivo de vergüenza. Pero más embarazoso es el hecho de que aquel individuo continúe libre, manipulando procesos y sobornando operadores judiciales. Algo tendrá que hacer la cámara de Representantes para darle un trámite expedito a la acusación en contra de Bustos.
Corresponde entonces que los candidatos a la presidencia, que coinciden en la necesidad de emprender una reforma judicial, manifiesten cuál será el procedimiento para llevarla a cabo. Lo más sensato, eficaz, pero sobre todo serio, es hacerlo a través de una asamblea nacional constituyente que goce de legitimidad y que tenga el poder para introducir todos los ajustes requeridos.
Cualquier otra iniciativa, será un paño de agua tibia que no curará, ni mucho menos, la grave enfermedad que padece nuestra justicia.
Publicado: abril 3 de 2018