El Gobierno Nacional del Presidente Juan Manuel Santos, a través del Ministerio de Agricultura, expidió el 26 de mayo de 2015 un extenso acto administrativo de 453 páginas, en el cual compila toda la normatividad vigente reglamentaria de la estructura del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. El Decreto 1071 de 2015, fue expedido y firmado por el ministro Aurelio Iragorri Valencia y en uno de sus considerandos manifiesta que: “por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia”.
Hasta ahí no habría inconveniente alguno que mereciera reparo desde lo constitucional o legal. Lo que merece nuestra réplica, es que ahora se pretenda por parte del gobierno, incorporar un “titulito” que establece y crea un programa especial de dotación de tierras, soportados únicamente en el precepto constitucional del “deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa” como argumento para la consolidación de la paz, y como mecanismo para alcanzar la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina; pero sólo para aquella población campesina que corresponda a exintegrantes de la guerrilla de las Farc.
El nuevo título que adicionan al Decreto 1071 de 2015, crea el “Programa especial de dotación de tierras con fines de reincorporación”, mediante el cual la Agencia Nacional de Tierras podrá adquirirlas en negociación directa, en favor de cualquiera de las formas de asociación legalmente permitidas, constituidas por exintegrantes de los excombatientes guerrilleros. Además, se incorporan todos los predios rurales objeto de extinción de dominio que estén o hayan sido asignados a la Agencia Nacional de Tierras por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Ese programa especial está dirigido exclusivamente a exintegrantes de las Farc.
¿Dónde quedan las víctimas? ¿Y donde hay un adecuado proceso de consulta previa para incorporar esta disposición que debería ser materia de discusión y aprobación del Congreso de la República? A simple vista, no resulta constitucional ni legal, la creación de este programa. Y tampoco cumple con criterios de justicia.
Los colombianos estamos urgidos por una decisión que ponga fin al actual modelo de gobierno que está permitiendo y creando escenarios para la corrupción y la desigualdad. Esos privilegios que otorgan hoy a las Farc, deben tener no sólo como destinatarios a los exguerrilleros, sino a toda la población campesina sin tierra. El mensaje que están dando con esa serie de medidas es que en Colombia la única forma de alcanzar condiciones de calidad de vida, es levantándose en armas, derramar sangre y luego hacer diplomacia internacional para buscar un arreglo con el timorato Estado. La reforma agraria express que pretende el gobierno, debe tener sentido erga-omnes y no el de privilegiar de forma exclusiva a una de las partes del conflicto. Ojo que no están buscando la paz, sino incentivando la guerra.
Publicado: abril 17 de 2018