El anuncio del errático ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en el sentido de que el comando conjunto de inteligencia militar será clausurado por cuenta de los escándalos de corrupción que involucran a algunos de sus integrantes, es, sin duda alguna, una decisión absurda e incomprensible.
Santos, a lo largo de su fallido gobierno, se ha dado a la tarea de eliminar las entidades en las que se han presentado casos de corrupción, creyendo equivocadamente que así se soluciona el problema. En vez de asumir con entereza el debate alrededor del DAS, departamento que era fundamental para la seguridad nacional, para evitar cuestionamientos de unos pocos periodistas, ordenó su liquidación, para luego crear una dependencia misteriosa denominada agencia nacional de inteligencia, la cual estuvo al mando del peligroso y siniestro almirante Echandía.
Cuando se descubrió que una red de congresistas conservadores estaban desangrando a la dirección nacional de estupefacientes, en vez de llevar a la cárcel a los responsables de ese ilícito, prefirió decretar su desaparición, con lo que el país perdió a la entidad que administraba los bienes incautados a la mafia y, de paso, los parlamentarios involucrados en esa red de corrupción –que integraban la denominada Unidad Nacional- quedaron impunes.
Ahora, con el caso del comando de inteligencia militar, el gobierno repite la fallida fórmula.
Lo que le corresponde al ministro Villegas es prestarle toda la colaboración a las autoridades judiciales para efectos de determinar quiénes son los oficiales y suboficiales que están involucrados en el robo del dinero destinado a esa unidad fundamental para la seguridad del Estado y llevarlos a la cárcel, si se confirma que efectivamente esas personas se apropiaron indebidamente de aquellos recursos.
Colombia ha sido asaltada por todos los frentes durante el gobierno de Santos, pero no es admisible que ante los casos que son revelados por los medios oficialistas de comunicación, el Ejecutivo resuelva proceder al cierre indiscriminado de entidades. Si aquella norma fuera generalizada, habría que desmantelar a buena parte del Estado, pues el saqueo durante el régimen santista ha sido permanente en casi todos los sectores de la administración pública.
La corrupción no se combate haciendo anuncios que indefectiblemente generarán titulares de prensa, sino llevando ante los jueces a quienes se roban el dinero del erario. Cerrar oficinas públicas en las que hay brotes de corrupción, es tan ineficaz como quemar el colchón en el que se ha cometido un acto de adulterio.
Publicado: abril 20 de 2018