El cacareado “posconflicto”, se convirtió efectivamente en un proceso de reencauche de las estructuras mafiosas y narcotraficantes de las Farc que creyeron que podrían seguir inundando al mundo entero de cocaína, con total impunidad.
Antes de que se produjera la firma del acuerdo, las Farc lograron que en el mismo quedara contemplada la prohibición de la fumigación de cultivos ilícitos. Así mismo, hicieron que el gobierno renunciara a la extradición y a la persecución efectiva de sus bienes.
Aquello, sentó las bases para hacer que el “posconflicto” se convirtiera en una gigantesca trama de narcotráfico que se vio materializada en la operación en la que el capo alias Jesús Sántrich fue capturado mientras negociaba la venta de 10 toneladas de cocaína al temible cartel de Sinaloa.
Las explicaciones de Sántrich sobre su relación con el capo Rafael Caro Quintero son perfectamente inverosímiles. Según él, el cabecilla del narcotráfico ha estado en comunicación con las Farc para llevar a cabo proyectos productivos a favor de los desmovilizados, particularmente en temas relacionados con la piscicultura y la siembra de árboles maderables.
Está claro que nada de ello es cierto y el libreto de Sántrich se caerá rápidamente gracias a la delación que seguramente hará el sobrino del terrorista Iván Márquez, el sujeto Marlon Marín, quien se entregó ante la justicia de los Estados Unidos.
Marlon Marín será al cartel de las Farc, lo que el corrupto Gustavo Moreno es al cartel de la toga. Su testimonio dejará perfectamente esclarecido el monumental vínculo de las Farc con el narcotráfico.
Santos no negoció ningún conflicto armado. El, durante 5 años, perfeccionó un acuerdo con una banda mafiosa. A las Farc le tienen sin cuidado asuntos distintos a los relacionados con la coca y la extradición. Ellos necesitaban legalizar una parte de su estructura, mantener en armas a aquellos frentes que ejercen control en las zonas con alta presencia de cultivos ilícitos y afianzar sus vínculos con los principales carteles mexicanos, tal y como en efecto ha venido sucediendo desde diciembre de 2016, cuando Santos y alias Timochenko suscribieron el “acuerdo final”.
Lo del posconflicto, fue utilizado por las Farc para hacerse a multimillonarios recursos, la mayoría de ellos aportados por la denominada comunidad internacional. Ante la fuerza de las evidencias, es hora de que los embajadores de Suecia, Noruega y Suiza, principales aportantes al fondo para el desarrollo de proyectos productivos, rompan su prudente silencio y exijan de parte del gobierno de Santos una explicación concreta.
Este no es un asunto que se solucione con el despido de la cuestionada Gloria Ospina, mujer de entera confianza de Rafael Pardo y que manejaba con total descontrol los millonarios fondos destinados a la financiación de las iniciativas de emprendimiento de los desmovilizados de las Farc.
Tal y como se advirtió desde hace mucho tiempo desde la orilla del uribismo, lo que tuvo lugar durante buena parte del gobierno de Santos en La Habana dista mucho de ser un proceso de paz. Todo lo contrario: aquel fue, sin lugar a dudas, una monumental e insoportable operación de lavado de activos y de perfeccionamiento del narcotráfico que puso a los cabecillas de las Farc en la condición de “posnarcotraficantes”.
Publicado: abril 18 de 2018