La corte suprema de justicia, imbuida en uno de los casos de corrupción más vergonzosos de nuestra historia republicana, ha enviado un mensaje en el sentido correcto, al suspender de su cargo al cuestionado Gustavo Malo, integrante de la desprestigiada sala penal de aquel alto tribunal.
Malo es señalado de ser uno de los principales cabecillas de la banda criminal denominada “el cartel de la toga”, integrada por operadores judiciales dedicados a la venta de sentencias, tal y como confesó el corrupto exfiscal y extraditable Gustavo Moreno.
Uno de los compinches de Malo es Leonidas Bustos, otrora aplaudido por los medios de comunicación santistas que llegaron al extremo inaudito de calificarlo como el “magistrado de la paz”. Hoy, Bustos está siendo investigado por la cámara de Representantes, corporación que en los próximos días deberá decidir si acoge o no el auto de acusación que en su contra profirió la comisión de acusaciones.
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La suspensión de Malo es más que bienvenida, pero que los magistrados de la corte no vayan siquiera a imaginarse que esa determinación hará que el país olvide que la justicia colombiana está convertida en una cloaca de corrupción. Aunque Malo, Bustos y el detenido Francisco Javier Ricaurte son unos corruptos de talla mayor, ellos no son, ni mucho menos, los únicos criminales que se han valido de sus elevadas posiciones en la rama judicial para cometer toda suerte de delitos.
La corte suprema de justicia, particularmente en estos últimos 10 años, mutó y pasó a ser un antro de politiqueros y sinvergüenzas que en vez de administrar justicia, se dedicaron a enriquecerse y a fortalecer sus feudos burocráticos.
Malo, como Bustos, deben ser encarcelados. Ellos son un verdadero peligro para la sociedad. Desde la libertad, pueden entorpecer el proceso penal que se adelanta en su contra, manipulando pruebas y constriñendo testigos. Infortunadamente, no existe una herramienta legal que le permita al Congreso de la República proceder a ordenar su captura de forma preventiva, lo cual motiva para que el legislativo, que es el encargado de adelantar el antejuicio político, proceda de manera pronta y decidida a emitir su veredicto para efectos de que la justicia ordinaria aboque, cuanto antes el proceso y proceda a impartir las sanciones que la sociedad está demandando.
Igualmente, urge que se investigue a fondo lo sucedido en la anterior fiscalía de Montealegre y Perdomo, donde abundan las denuncias y señalamientos contra esos individuos de quienes se sospecha fundadamente que estuvieron involucrados en hechos de corrupción.
Ninguna consideración puede tenerse con sujetos que tuvieron posiciones privilegiadas en la sociedad y en vez de estar a la altura de sus responsabilidades, se comportaron como facinerosos de la peor laya para llenar sus alforjas como consecuencia de haber convertido a la justicia en un mecanismo para amasar fabulosas fortunas.
Publicado: abril 4 de 2018