La captura del narcotraficante Jesús Sántrich, el asesinato de 3 periodistas ecuatorianos y la inclusión del capo mexicano y socio de las Farc Rafael Caro Quintero en la lista norteamericana de los 10 fugitivos más peligrosos, son 3 hechos que confirman que la guerrilla, a pesar de estar supuestamente desmovilizada, continúa operando como una peligrosa estructura criminal.
Aunque las Farc, expertas en mentir y en ocultar la realidad aleguen que se trata de un montaje, las pruebas contra Sántrich son contundentes. Ese sujeto estaba negociando la venta de 10 toneladas de cocaína al peligroso cartel de Sinaloa. El destino de ese alcaloide era las calles de los Estados Unidos. De hecho, el pago de las 10 toneladas se iba a producir en la ciudad de Miami.
Menos de 72 horas después de la captura de Sántrich, el departamento de Estado, el FBI y la DEA desempolvaron un viejo expediente contra el capo y socio del cabecilla de las Farc, Rafael Caro Quintero para catalogarlo como uno de los 10 enemigos públicos más buscados de los Estados Unidos. Fijaron por él una multimillonaria recompensa de $20 millones de dólares.
Ese movimiento de las autoridades norteamericanas pone en evidencia el objetivo de arrasar con la banda liderada por Caro Quintero y con su red de apoyo, en la que aparece en lugar muy destacado el hoy partido político de las Farc.
Alias Iván Márquez y el propio Sántrich, desde que estuvieron refugiados en territorio venezolano para hacerle el quite a la Seguridad Democrática en el gobierno de Uribe, establecieron estrechos vínculos con la mafia chavista –el cartel de los soles- y se convirtieron en los principales proveedores de cocaína de organizaciones mafiosas como la que lideraba el capo Walid Makled, alias el turco.
En diciembre de 2016, luego de desconocer el resultado del plebiscito en el que mayoritariamente se votó en contra del acuerdo, Santos y sus compinches en el congreso resolvieron aprobar de manera ilegítima y evidentemente ilegal el pacto con las Farc. En la teoría, a partir de la fecha de la suscripción de ese documento, la guerrilla debía dejar de delinquir, compromiso que por supuesto no se cumplió.
Los hechos se han encargado de demostrar que las estructuras fundamentales de las Farc siguen intactas. Los frentes terroristas que operaban en las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos no entregaron sus armas y se convirtieron en unas supuestas “disidencias” que continúan delinquiendo con el nombre de las Farc.
Así, por obra y gracia de Juan Manuel Santos, Colombia tiene a unas Farc que fungen como partido político legal, pero cuyos dirigentes se dedican al tráfico de estupefacientes amparados por el cheque en blanco que en materia de impunidad significa la denominada jurisdicción especial para la paz y en las zonas rurales cuentan con un temible brazo armado ilegal, capaz de cometer los peores crímenes, como sucedió en las últimas horas cuando 3 periodistas ecuatorianos fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados por una de esas “disidencias” que en realidad actúan coordinadamente con los cabecillas de esa organización que desde Bogotá posan de “desmovilizados” en transe hacia la reincorporación.
El caos que se está registrando con las Farc, es la consecuencia inmediata de la impunidad. Ofrecerle una prebenda de semejante magnitud a una cuadrilla de delincuentes, en vez de ser una medida de apaciguamiento, es para ellos un motivo para seguir cometiendo fechorías. No hay que olvidar, por ejemplo, que en la región de Tumaco, con la complacencia del excomisionado de paz Sergio Jaramillo, Jesús Sántrich anduvo vendiendo franquicias de las Farc para que éstas fueran adquiridas por peligrosos capos del narcotráfico.
El proceso con esos delincuentes aún tiene salvación. Hay elementos del acuerdo que pueden ser rescatados, pero muchos otros deben ser eliminados o integralmente enmendados para efectos de evitar que las Farc continúen delinquiendo a sus anchas.
Publicado: abril 16 de 2018