La lealtad de los delincuentes se acaba cuando pisan el primer peldaño de la justicia. Y eso se está registrando con la caída del cartel de narcotráfico de las Farc, luego de que el testigo estrella de esa estructura, Marlon Marín resolviera someterse a la justicia norteamericana para confesar los pormenores de las operaciones mafiosas del hoy partido político Farc, en las que están profundamente involucrados alias Jesús Sántrich y, como ha revelado el prestigioso periódico estadounidense Wall Street Journal, alias Iván Márquez, hoy prófugo en la profundidad de la selva del departamento del Caquetá.
Al igual que en el proceso con las AUC, el principal escollo en la negociación con las Farc era, precisamente, el tema del narcotráfico. La diferencia radica en la forma como esta dificultad fue asumida en cada uno de esos casos.
Mientras el gobierno de Uribe no incluyó este asunto en la negociación, ni accedió a eliminar la extradición, el de Santos llegó al extremo inaudito e inaceptable de calificar el tráfico de estupefacientes como una conducta conexa al delito político, asegurando además que ningún miembros de las Farc ni sus parientes serían extraditados a los Estados Unidos.
La producción, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes, en ningún caso pueden ser consideradas como delitos políticos. Son crímenes comunes que deben ser castigados con la severidad que merecen. En los Estados Unidos, cada vez tiene más acogida la propuesta de presidente Trump de modificar el código criminal de ese país para permitir que los narcotraficantes puedan ser sentenciados a pena de muerte.
Mientras el mundo es consciente de que la lucha contra las drogas debe incluir un fortalecimiento de las sentencias condenatorias, en Colombia Santos involucionó irresponsablemente hasta llegar al punto de amnistiar a los más peligrosos narcotraficantes de nuestra historia.
En los años 90, Cesar Gaviria emitió los tristemente célebres “narcodecretos”, con los que aprobó reducciones sustanciales de las penas para los integrantes de los carteles. Luego, Ernesto Samper resolvió asociarse con los hermanos Rodríguez Orejuela para ganar mancomunadamente la presidencia y convertir a Colombia, como en efecto sucedió, en un narcoestado.
Lo de Santos no tiene antecedente alguno. Sin más ni más, legalizó la fabulosa fortuna de las Farc y les garantizó que podrían seguir en el negocio del narcotráfico al haber suspendido la fumigación de cultivos ilícitos.
Las Farc hoy tienen las rutas, tienen a miles de hombres fuertemente armados cuidando las 200 mil hectáreas de coca que poseen y la garantía de impunidad del gobierno nacional.
Si no fuera por la intervención decidida y necesaria de la justicia de los Estados Unidos, el caso Sántrich y Márquez jamás habría sido develado.
Los validadores del proceso con la banda terrorista de las Farc se han dado a la tarea de dramatizar la situación, alegando que “la paz está en peligro”. No. No hay ningún peligro, porque no hay paz. Hay un apaciguamiento. Las Farc dejaron de disparar porque con sus disidencias tienen el control absoluto del narcotráfico y sus cabecillas, disfrazados de dirigentes políticos, desde las ciudades están encargados de mantener los contactos con los grandes carteles, como efectivamente estaban haciendo Sántrich y el prófugo Iván Márquez.
Solo resta que se establezca por parte de las autoridades norteamericanas si hay otros cabecillas de esa guerrilla involucrados en actividades de narcotráfico con posterioridad a la firma del supuesto acuerdo de paz, o si por el contrario esa tarea estaba siendo manejada exclusivamente por el invidente que ha intentado manipular a la sociedad con una huelga de hambre y el capo Márquez.
Más temprano que tarde todo terminará conociéndose porque con la caída de los narcosocios de las Farc, se desatará una catarata de delaciones como la del bandido Marlon Marín, quien no ha parado de hablar y de entregar pruebas desde que pisó suelo norteamericano.
Publicado: abril 30 de 2018
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