Ante la inminente victoria del uribismo en las elecciones presidenciales, los funcionarios más agresivos del santismo, pasándose por la faja la prohibición constitucional de participar en política, se están empleando a fondo para lanzarle misiles al líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Hace pocos días, el propio Uribe denunció públicamente que el cuestionado superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, estaría montando una farsa con el fin de tender un manto de duda sobre la integridad de la campaña presidencial del doctor Iván Duque.
En efecto, tal y como pudo confirmar este portal, Robledo resolvió intervenir una aplicación de Internet con el argumento de que ésta sería una extensión de Cambridge Analytica, empresa británica cuestionada por comprar datos de usuarios de la red social Facebook para llevar a cabo manipulaciones con fines electorales.
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En su paso por la superintendencia de Industria, Robledo se ha dedicado a perseguir ilegalmente a importantes empresarios a los que les ha impuesto multimillonarias sanciones con base en pruebas bastante débiles.
Es cierto que el deber de esa superintendencia es el de proteger a los consumidores de prácticas monopolísticas o de estrategias comerciales que aumenten deliberadamente los precios de los productos. Pero también es cierto que la empresa privada debe gozar de garantías suficientes para poder desarrollar con tranquilidad su función industrial.
Robledo sancionó a los fabricantes de pañales, alegando que éstos tenían un cartel para subir artificialmente el precio de los mismos. Han pasado algunos años de la intervención de la Superintendencia y el precio de los pañales no ha bajado, lo que indica que la tramoya por él denunciada, no era real.
Lo mismo sucedió con los fabricantes de cuadernos.
Una de las sanciones más aberrantes, fue la que se le impuso a los azucareros, particularmente a las empresas de la familia Ardila, cuyas cadenas de radio y televisión han sido duras críticas del gobierno de Santos. Con esa multa multimillonaria, Robledo envió un mensaje claramente intimidatorio: aquel empresario que se atreva a cuestionar al régimen del que él hace parte, tendrá que pagar con dinero contante y sonante su “indisciplina”.
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Robledo es un sujeto rencoroso y soberbio. Empezó su carrera, guiado por el polémico exdirector del DAS, Ramiro Bejarano Guzmán, de quien fue su secretario privado. Aquello sucedió durante los años aciagos del proceso 8000.
En el gobierno de Santos, primero fue viceministro de Justicia y de ahí brincó a la superintendencia. Creyendo que esa entidad iba a ser un trampolín político, se concentró en generar rimbombantes titulares de prensa. No fueron pocos los periodistas incautos que cayeron en la trampa de hacerle eco a las “hazañas” de Robledo. Resulta curioso, por ejemplo que casi todas sus investigaciones hayan sido patinadas previamente en los medios de comunicación, como es el caso de las cementeras Argos, Cemex y Holcim, a las que les impuso la absurda multa de $200 mil millones de pesos, alegando que éstas se habían concertado en fijar el precio de un tipo de cemento específico.
Una sanción de semejante cuantía, pone en riesgo el futuro de dichas compañías y desincentiva de manera irremediable la confianza inversionista en el país.
A otra de las grandes empresas de nuestro país que cotiza en las bolsas de Colombia y Nueva York, Tecnoglass, Robledo le hizo un montaje absurdo, acusando a sus directivos de estar involucrados en una supuesta operación de reventa de boletas para los partidos de la selección Colombia de fútbol. Como si se tratara de una operación policial del más alto nivel, Robledo ordenó el allanamiento de las oficinas de Tecnoglass para buscar “evidencias”. Todo ese despliegue, causó un daño reputacional a la marca. Después de más de 8 meses de investigación, Robledo no ha podido mostrar una sola prueba de la existencia de dicha reventa de boletas.
Además de amedrentar a los industriales y de tratar de interferir en la campaña política, ahora el superintendente se intenta constituir en “juez” del expresidente Uribe, emitiendo comentarios que no le corresponden a un funcionario público, respecto de situaciones que no son de su resorte.
Hace unos días, por orden de un tribunal, el expresidente Uribe se vio obligado a retractarse de una afirmación hecha por él sobre un periodista que lo ha perseguido a lo largo de los últimos 17 años.
Robledo, sin tener competencia alguna, a través de su cuenta en la red social Twitter y en evidente referencia al expresidente Uribe escribió: “Triste la condición humana q (sic) algunos muestran. Utilizan la rectificación ordenada por un juez para insistir en la calumnia. Esa es una de las razones para q (sic) quienes somos calumniados prefiramos seguirlo siendo. Pregunta: qué es lo que un juez serio debe ordenar cuando eso ocurre? (sic)”.
Triste la condición humana q algunos muestran. Utilizan la rectificación ordenada por un juez para insistir en la calumnia. Esa es una de las razones para q quienes somos calumniados prefiramos seguirlo siendo. Pregunta: qué es lo q un juez serio debe ordenar cuando eso ocurre?
— Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) April 20, 2018
Muy delicado que un alto funcionario del Ejecutivo haga valoraciones sobre las decisiones de un juez y pretenda concluir que el procesado –en este caso ciudadano entutelado- no está cumpliendo con el ordenamiento de la autoridad jurisdiccional. Aquello es una clara persecución y un evidente constreñimiento a la administración de justicia, pues Robledo, que no es un particular, es reconocido como uno de los lugartenientes más poderosos del presidente Santos.
El Centro Democrático está en mora de hacer las denuncias a que haya lugar y de elevar las quejas ante los organismos que corresponda, pues sabido es que Robledo quiere meterle la mano al proceso electoral colombiano y ahora, se vale de su poder manipulando a la Justicia para tratar de interferir en las decisiones contra el presidente Uribe, jefe de la oposición en Colombia.
Ni el uribismo, ni los empresarios colombianos tiene porqué continuar siendo víctimas de un funcionario que pretende vengar sus dificultades personales y familiares, tomando decisiones arbitrarias e ilegales.
Publicado: abril 23 de 2018
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