Los congresistas de izquierda sobre los que existen suficientes pruebas que los ligan con la banda terrorista ELN, han recurrido al viejo truco que utilizaron aquellos que hace unos años fueron vinculados con las Farc: alegan que es una persecución política y un montaje de la “extrema derecha paramilitar”.
Cuando las autoridades incautaron el computador del terrorista de las Farc, alias Raúl Reyes, allí se encontró una mina de oro en información. Para evitar dudas, el gobierno de Uribe le solicitó a Interpol que certificara el contenido de esos elementos tecnológicos. El dictamen de la policía internacional fue incontrovertible: la totalidad de los archivos contenidos en los discos duros y memorias USB eran auténticos.
Aquellos que figuraron en esos archivos, empezando por una tal Teodora Bolívar –la hoy candidata presidencial Piedad Córdoba-, negaron cualquier vinculación con las Farc. Y todos a una, como en Fuenteovejuna, alegaron que aquel era un montaje hecho por la Fuerza Pública colombiana, con el apoyo, por supuesto, de la CIA. En todas las teorías conspirativas, la agencia de inteligencia estadounidense aparece porque aparece.
No es nuevo que en nuestro país haya políticos vinculados con el crimen organizado. En los años 70, una de las casas políticas más importantes de la costa, estuvo involucrada hasta la coronilla con el cultivo y tráfico de marihuana. Luego, aparecieron políticos liberales ligados con Pablo Escobar y unos conservadores que recibieron el apoyo de Rodríguez Gacha. En los 90, buena parte del liberalismo se le vendió al denominado cartel de Cali, escándalo que desató al célebre proceso 8000. Diez años después, vino la parapolítica, en la que muchos congresistas terminaron condenados por el simple hecho de haber coincidido en una reunión con cierto jefe paramilitar o, lo que es peor, sentenciados a largos años de prisión con base en el testimonio cuestionable de un testigo prefabricado.
La justicia que se mostró implacable –y en algunos casos abusiva- en la investigación y sanción de la parapolítica, fue dócil y complaciente con la Farcpolítica. Los magistrados que sentenciaron a unos congresistas por supuestamente tener vínculos con las AUC y que fundamentaron sus decisiones en pruebas altamente cuestionables, resolvieron desconocer los computadores de Raúl Reyes, alegando tecnicismos sofisticadísimos que pusieron en evidencia que su interés era el de descargar todo el peso de su poder contra unos y consentir a otros, a aquellos con los que estaban identificados ideológicamente.
Ahora, la fiscalía de Néstor Humberto Martínez halló pruebas contundentes que confirman el maridaje de dos congresistas, un senador y un representante a la Cámara, con el grupo terrorista del ELN.
En el caso del senador, la fiscalía no duda en aseverar que éste, Alberto Castilla –del polo democrático- es “integrante del ELN”.
La respuesta del parlamentario no se hizo esperar. Inmediatamente ha dicho que es una farsa, que se trata de un montaje con fines políticos y, claro, se declaró víctima de una persecución. Su compinche en esas andanzas, el representante a la Cámara Germán Carlosama fue más allá y, al estilo del chavista Gustavo Petro, anunció que acudirá ante la comisión interamericana de Derechos Humanos para exigir que no se siga mancillando su buen nombre.
Es previsible el epílogo de esta historia. La corte suprema, que es bastante incompetente a la hora de investigar personas vinculadas con grupos guerrilleros, se tomará todo el tiempo del mundo, hasta que el país olvide este caso y en algunos años despachará un auto inhibitorio a favor de los parlamentarios guerrilleros. Al fin y al cabo, para un sector de la justicia de nuestro país, la tesis de Carlos Gaviria tiene plena validez: una cosa es matar para enriquecerse y otra muy distinta es matar para buscar una vida mejor.
Publicado: marzo 21 de 2018