Las rápidas decisiones adoptadas por la fiscalía y la procuraduría en el caso de la corrupta Aida Merlano, involucrada en una inmunda operación de compra de votos, envían un mensaje contundente en el sentido correcto: les llegó la hora a los políticos que hacen proselitismo repartiendo dinero a granel.
El sistema electoral y régimen político colombianos son caldos de cultivo para la corrupción y la politiquería. El modelo de las listas con voto preferente es un engendro diabólico que abre las puertas para el juego sucio y la corrupción. El Centro Democrático cometió un imperdonable error abriendo su lista al Senado en las elecciones que acaban de pasar. En vez de aumentar el número de senadores, este se redujo. Pero eso no es lo más grave. En 2014, el CD hizo campaña defendiendo una doctrina, unas ideas y unos principios. 4 años más tarde, cuando se abrió la lista, en algunos casos que están siendo individualizados empezaron a verse gastos descomunales que llamaron la atención de los ciudadanos y de las autoridades judiciales.
La lista abierta, sumada a la circunscripción nacional, convierten a la elección del senado en una réplica de la elección presidencial. Y por supuesto, aquello encarece las campañas y facilita el ingreso de dineros de dudosa procedencia.
El de Aida Merlano no es, ni mucho menos, el único caso. La fiscalía está empleada a fondo en la investigación de candidatos al congreso de otros partidos que hicieron campaña repartiendo dinero a diestra y siniestra. Hay situaciones de aspirantes que se movieron en helicóptero por toda la región donde tienen influencia, pagando en efectivo a los concejales de los pueblos que los respaldaron y entregando gruesas sumas de dinero a sus fórmulas en la cámara de Representantes.
Hay candidatos o candidatas que pusieron más de 100 vallas en municipios de un mismo departamento y contrataron –verbalmente- empresas de publicidad a las que se les pagarán miles de millones de pesos en efectivo y en contratos con el Estado. Una verdadera aberración.
En diálogo con LOS IRREVERENTES un alto funcionario de la Fiscalía General de la Nación aseguró que “aunque los delitos electorales se cometen con dinero en efectivo, hoy contamos con las herramientas técnicas que nos permiten hacer un rastreo de los gastos de los candidatos que violaron la ley electoral. El compromiso de la fiscalía es el de garantizarle a la sociedad que aquellos que violaron la ley, serán sancionados”.
Este puede ser el principio del fin de la corrupción electoral en nuestro país. Atrás tienen que quedar prácticas deleznables en las que los candidatos se van de pueblo en pueblo sobornando líderes, inundando las carreteras con costosas vallas y comprando paquetes de votos como si se tratara de libras de arroz.
Sin importar el partido al que pertenezcan aquellos que en las pasadas elecciones reemplazaron las ideas y los argumentos por los fajos de dinero, la justicia debe actuar y llevar a la cárcel sin contemplación alguna a los violadores de la ley electoral.
Publicado: marzo 15 de 2018
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