Por: Jorge Enrique Gómez Pardo #ColumnistaInvitado
Iván Duque ha sido el único de los candidatos presidenciales que ha tenido el valor y el buen juicio para (i) haber hecho una contribución específica y (ii) hacer propuestas concretas para aliviar y solucionar la crisis humanitaria y democrática que padece el hermano pueblo venezolano. Y como es evidente, dicha crisis ha afectado gravemente a los colombianos por años. Además, en mi opinión, pareciera que, al fin, la política internacional y el derecho (penal) internacional están alineándose para configurar el principio del fin de la dictadura Nicolás Maduro. En ese marco, creo que podrían estar creándose las condiciones para la configuración de algún tipo de Coalición Humanitaria Internacional para Liberar a Venezuela.
Distintas alternativas han sido propuestas para solucionar la crisis venezolana. Algunas de ellas son las siguientes:
- A) El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha planteado una intervención militar por parte del propio ejército venezolano.
Citando al expresidente, “creo en la necesidad militar del propio ejército de Venezuela. No para un golpe de Estado, no para que las fuerzas armadas se tomen el poder, sino para que obliguen a Maduro a hacerse a un lado, se convoque a una elección general con sufragio universal y se tome el rumbo de la democracia”.
- B) El senador y candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, ha dicho que de ser elegido presidente de los colombianos solicitaría “a la Fiscalía [de la CPI] la apertura formal de la investigación que lleve al enjuiciamiento de Nicolás Maduro y los demás responsables de la comisión de crimines internacionales”.
Además, ha propuesto “crear un fondo de atención humanitaria”. Según Duque, “en lugar de gastarnos los trescientos y pico de millones de dólares que van a ser para Naciones Unidas en una contratación para supervisar los acuerdos con las FARC, esos recursos deberían destinarse a la atención humanitaria en las zonas de frontera”. De esta forma, se lograría “garantizar la atención en salud básica y el cubrimiento de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad”.
Y recientemente, con motivo del vil atentado del ELN en el que murieron 5 militares colombianos, afirmó que “hay que denunciar internacionalmente que la dictadura de Nicolás Maduro le está dando santuario a esos bandoleros”.
- C) El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado en distintos escenarios que el uso de la fuerza por parte de su país está sobre la mesa.
Así, por ejemplo, en agosto de 2017 dijo que “No voy a descartar una opción militar. Hay muchas opciones sobre Venezuela, es nuestro vecino (…). Venezuela no está tan lejos y la gente está sufriendo y muriendo”.
Más aún, según el periodista Nick Miroff del Washington Post, “Trump estaba listo para enviar a los marines para asaltar las playas de Maiquetía, pero Santos y Macri le dijeron que se detuviera”.
- D) El internacionalista Enrique Gaviria Liévano propuso en 2017 una intervención humanitaria.
- E) Y el periodista Mauricio Vargas escribió hace poco que América Latina y Europa deberían liderar un juicio internacional a Maduro por crímenes contra su pueblo y el volver a darle a Venezuela instituciones democráticas.
Ahora bien, en las últimas semanas se presentó un hecho que creo potencialmente puede tener fuertes implicaciones políticas y jurídicas relacionadas con la finalización de la grave situación de derechos humanos y de libertades que padece el hermano país.
Se trata de la apertura del examen preliminar que anunció la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el 8 de febrero de este año sobre la situación de Venezuela. En palabras de la Fiscal,
“El examen preliminar sobre la situación en Venezuela analizará crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”.
Para esta decisión de la Fiscal de la CPI hubo una contribución específica del senador Iván Duque. En efecto, en el mencionado comunicado, la Fiscal señaló que
“Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la Corte Penal Internacional («la CPI» o «la Corte»), he decidido abrir un examen preliminar en cada una de estas situaciones”.
Y una de esas comunicaciones fue la denuncia realizada por el candidato del Centro Democrático, respaldada por numerosos parlamentarios colombianos y chilenos, tal como él lo recordó recientemente mediante un comunicado de prensa.
Esta decisión de la Fiscal debe analizarse con ponderación, sin sobreestimarla, ni subestimarla. Para esto, es importante comenzar por conocer la diferencia entre las situaciones y los casos a la luz de los procedimientos de la CPI.
En esencia, las situaciones se refieren a territorios durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, Venezuela desde abril de 2017. Por su parte, los casos se refieren a personas naturales específicas, por ejemplo, Nicolás Maduro.
El examen preliminar es entonces un paso previo para la apertura de la investigación de la situación de Venezuela, el cual, a su vez, es un paso previo para la apertura del caso Maduro.
Sin embargo, a primera vista, parecería que la decisión de la CPI no tiene mayores implicaciones, al menos en el corto o mediano plazo. Sus procedimientos apenas comienzan y depende de la cooperación con los Estados para hacer efectivo su trabajo.
Ahora bien, todas las alternativas descritas al inicio de este escrito tienen al menos dos elementos comunes entre ellas. El primero, todas buscan poner fin a la crisis humanitaria y democrática que vive la Venezuela de Chávez y Maduro. Y el segundo, todas pueden ser complementarias.
Las premisas que sustentan este razonamiento son las siguientes:
- A) Una intervención humanitaria es, en esencia, y para los efectos de este escrito, una intervención militar internacional legitimada por razones humanitarias.
Parafraseando la definición del profesor J. L. Holzgrefe, es la amenaza o el uso de la fuerza de un Estado (o grupo de Estados) dirigida a, sin el permiso del Estado que será intervenido, prevenir o terminar graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos.
Estas intervenciones suelen llevarse a cabo luego de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con base en el Capítulo VII de su Carta, en la que se establezca un vínculo entre la crisis humanitaria y una amenaza para la paz.
- B) La crisis humanitaria es evidente.
Según cifras de Migración Colombia, tan solo al corte de 2017, 550 mil de hermanos venezolanos se encontraban en Colombia, “un incremento cercano al 62% respecto al mismo informe presentado a mediados del año pasado”.
Y tal como lo han manifestado varios gobernadores y alcaldes, esta migración masiva está desbordando la capacidad de los gobiernos locales. Y en algún momento seguramente también podría poner en serios aprietos la del gobierno nacional.
- C) De acuerdo con el director de dicha entidad, esta migración “es el resultado de la situación que viene atravesando el vecino país”.
Un ejemplo son las graves violaciones a los derechos humanos que en su comunicado la Fiscal de la CPI anunció que investigaría.
Otras muestras son los hechos narrados en un informe elaborado por Noticias RCN:
“ante el hambre, los venezolanos literalmente tienen que cazar animales como alternativa para hacerle quite a la desbordada inflación y la angustiante escasez. Mientras tanto al interior del país los saqueos siguen siendo frecuentes para lograr algo de alimentos”.
- D) La crisis del Estado de derecho y la democracia conllevan a que los derechos y libertades de los venezolanos estén inaceptablemente amenazados.
Al respecto, además de lo arriba señalado por la Fiscal de la CPI, un ejemplo es el golpe de Estado que dio Maduro al quitarle hace unos meses las facultades al congreso de mayoría opositora a través del Tribunal Supremo de Justicia controlado por él.
Y a lo anterior el tirano le daría un golpe de gracia poco tiempo después con la Asamblea constituyente ilegítima que se inventó para usurparles todo el poder a los parlamentarios.
- E) El refugio que el dictador Maduro le ha dado al terrorismo del ELN y a las “disidencias” de las FARC es una amenaza para la paz.
Una dolorosa muestra de ello es el arriba mencionado el crimen perpetrado recientemente por el ELN en el que infamemente perdieron la vida 5 soldados colombianos. Los niveles de complacencia con la delincuencia colombiana siguen siendo evidentes e inaceptables, tal como lo era en los tiempos de Chávez, de quien Maduro fue canciller.
- F) El presidente Trump está hablando muy en serio y Maduro lo sabe.
De la seriedad de los anuncios de Trump ha tomado nota incluso el dictador de Corea del Norte Kim Jong-un. Un análisis realista de la política internacional difícilmente puede llevar a la conclusión que la disminución de las tensiones en la península coreana se debe a algún impulso o pensamiento noble por parte del dictador norcoreano.
Por el contrario, es más acertado concluir que ello se debe a la política exterior de la administración Trump frente a esa tiranía. Ello lo reconoció el propio presidente de Corea del Sur Moon Jae-in, país que sería el más directamente beneficiado o perjudicado por dicha política. Al respecto dijo que “le doy al presidente Trump un gran mérito por provocar las conversaciones intercoreanas, y me gustaría agradecerle por eso”.
H) Finalmente, el cerco político regional tiende a ampliarse.
Así, por ejemplo, la OEA, recientemente, mediante resolución aprobada por la mayoría de sus miembros, exhorto al gobierno de la dictadura “a que reconsidere la convocatoria prematura de elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral”. Esto en la misma línea de la exigencia realizada semanas atrás por parte del Grupo de Lima.
Así las cosas, en mi opinión, el escenario deseable, y que también es probable, sería que, ante la posibilidad cierta de una intervención militar bajo la legitimidad de una intervención humanitaria, fueran los propios militares venezolanos quienes, respaldados por el pueblo y la comunidad internacional, depusieran a Maduro de su cargo, lo entregaran a la justicia internacional junto a sus cómplices, y restablecieran el orden democrático convocando a una elección general con sufragio universal.
¿Cuál es el aporte de la CPI?
La apertura de procedimientos formales respecto a la situación de Venezuela y, posteriormente, al caso de Nicolás Maduro, aportarían adicional y precisa legitimidad.
Así, una intervención humanitaria que tuviera por uno de sus objetivos apoyar la ejecución de las decisiones de la CPI, fortalecería su legitimidad y le daría un objetivo específico judicial más concreto.
En efecto, tanto la intervención humanitaria como la CPI son instituciones del derecho internacional público para la protección internacional de los derechos humanos.
Al final, la CPI es un tribunal penal internacional de derechos humanos que busca juzgar a los máximos responsables de los más graves crímenes contra esos derechos fundamentales, tales como los crímenes de lesa humanidad.
La legitimidad a la intervención (militar) humanitaria le darían entonces hechos como los arriba descritos y el apoyo para que se apliquen las decisiones de la CPI.
También sería clave para fortalecer la legitimidad contar con el apoyo previo del Consejo de Seguridad de la ONU, la OEA, el mayor número posible de países de la región y la Unión Europea.
Pero para que una intervención humanitaria sea viable y exitosa también se requiere de un decidido y eficaz apoyo militar.
Al respecto, el profesor James Meernik, en el libro The Realities of International Criminal Justice, señala que las investigaciones a casos como el de Maduro suelen tener pocas probabilidades de éxito.
En su opinión, esto ocurre porque la CPI depende de la cooperación de los Estados para ejecutar su mandato y la comunidad internacional tiende a privilegiar el statu quo sobre la justicia, en situaciones riesgosas desde el punto de vista militar y político.
Pero bajo la administración Trump la cosa es a otro precio. Lo más difícil, es decir, la decisión política de intervenir militarmente a otro Estado, se encuentra sobre la mesa.
Ahora bien, tanto para la intervención humanitaria como para la ejecución de los procedimientos de la CPI existen instrumentos jurídicos acordes.
En cuanto a lo primero, tal como arriba se señaló, suele hacerse mediante una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con base en el Capítulo VII de su Carta, en la que se establezca un vínculo entre la crisis humanitaria y una amenaza para la paz.
En cuanto a lo segundo, por medio de la aplicación de la Parte IX del Estatuto de Roma de la CPI sobre la cooperación internacional y la asistencia judicial. Esto a través de tanto los Estados Parte del Estatuto, como los que no lo son, por ejemplo, los Estados Unidos.
Pero, en cualquier caso, como lo señala el profesor Meernik respecto a la cooperación de la comunidad internacional con los tribunales penales internacionales, y como lo enseñan precedentes de intervenciones humanitarias, las decisiones políticas son más importantes que los compromisos normativos.
Más aún, es posible incluso que el trabajo de la CPI respecto a su situación y casos se acelere al divisar que sus decisiones tienen mayores posibilidades de ser ejecutadas en la práctica, como resultado de la política de la administración Trump frente a Venezuela.
Así, y siguiendo con el profesor Meernik, “sin capturas, enjuiciamientos y castigos, la credibilidad de justicia internacional se socava y se pondría en entredicho el propio propósito de la CPI”.
Por lo tanto, creo que, por un lado, con la legitimidad proveniente de la crisis humanitaria, de la CPI y del respaldo político de países y organismos multilaterales, y, por otro lado, con la fuerza militar de los Estados Unidos bajo la política de la administración Trump, creo que podrían estar creándose las condiciones para la configuración de algún tipo de Coalición Humanitaria Internacional para Liberar a Venezuela.
En mi opinión, esta coalición tendría como objetivo general poner fin al drama humanitario y democrático que padece Venezuela. Además, tendría entre sus objetivos específicos entregar el dictador Nicolás Maduro y a sus cómplices a la CPI y restablecer el Estado de derecho y la democracia en el país hermano.
Con todo, insisto que, ante la certeza de una intervención humanitaria en los términos expresados a lo largo de este escrito, fortalecida en su legitimidad por la CPI, el escenario deseable y probable sería que los propios venezolanos, utilizando la fuerza de su propio ejército, y respaldados por la comunidad internacional, entregaran a Maduro y sus secuaces a la CPI y restablecieran su democracia constitucional.
En cualquier caso, creo que dicha Coalición Humanitaria Internacional para Liberar a Venezuela sería el principio del fin del tirano y de su régimen totalitario populista. Y sería el principio del fin de la crisis humanitaria y democrática que vive el hermano pueblo venezolano, que tanto los perjudica a ellos y a nosotros. Y esto comenzando por los propios civiles y militares colombianos quienes han pagado por años esa factura incluso con sus propias vidas, libertades y propiedades.
Por lo tanto, solucionar esa crisis es importante no solo por razones de elemental humanidad con los hermanos venezolanos, sino porque también nos afecta profundamente a los colombianos.
Finalmente, en un análisis sobre los temas aquí desarrollados, es apenas justo reconocerle a Iván Duque que ha sido el único de los candidatos presidenciales que ha tenido el valor y el buen juicio para (i) haber hecho una contribución específica y (ii) hacer propuestas concretas para aliviar y solucionar esa infame crisis humanitaria y democrática.
Esas iniciativas reafirman de forma valiente, legal e innovadora la soberanía del próximo gobierno elegido libre y popularmente por los colombianos. De la misma forma, aprovechan ampliamente las herramientas que el derecho (penal) internacional contemporáneo ofrece a los ciudadanos y a los Estados para la protección internacional de los derechos humanos.
Y esos derechos y libertades más fundamentales -así tiranos como Maduro, sus aliados en Colombia, y varios de los aliados de sus aliados en nuestro país no lo entiendan- son intrínsecos a todos los seres humanos.
¿Dónde están o estaban los otros candidatos? ¿contemporizando? ¿repitiendo los mismos lugares comunes de siempre?
Publicado: marzo 8 de 2018
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