Cuando se menciona el reclutamiento forzado de menores, inmediatamente traemos a nuestra memoria las imágenes de los niños africanos convertidos en combatientes. Fotografías de pequeños superados por el tamaño de los fusiles que son obligados a cargar. Niñas que en vez de estar jugando con muñecas, resultan embarazadas por alguno de sus raptores que las utilizan como esclavas sexuales.
Para desgracia nuestra, el fenómeno del reclutamiento de menores es un flagelo que habita en nuestra propia casa. Colombia ocupa el deshonroso título de ser el único país del hemisferio occidental donde miles de niños han sido reclutados por organizaciones ilegales.
Los grupos armados organizados al margen de la ley de manera sistemática y continuada han reclutado niños en todo el país, para utilizarlos en sus actividades delincuenciales.
Es un delito de lesa humanidad que debe ser castigado. Por ejemplo, buena parte de las sentencias condenatorias que se han proferido en el marco de la ley de “justicia y paz”, han castigado a los responsables de reclutamiento forzado. Aquella era una exigencia que en su momento impuso la comunidad internacional y Colombia la satisfizo.
Por eso, resulta incomprensible el doble rasero que frente al mismo delito estableció el gobierno de Juan Manuel Santos. No importa la naturaleza ni la denominación del grupo armado ilegal. Aquel que reclute a un menor de edad, debe ser sancionado penalmente.
La cúpula de las Farc, desde comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, en su propósito criminal de tomarse el poder a sangre y fuego, le impartió la instrucción a todos sus frentes de reclutar menores a lo largo y ancho del país.
De acuerdo con rigurosas investigaciones de organizaciones internacionales, más de 3 mil niños fueron sacados de sus hogares para ser llevados a los campamentos de la guerrilla. Estamos hablando de niños que en muchos casos fueron violados. Otros, la gran mayoría, se convirtieron en criminales por orden de sus superiores.
La legislación internacional que Colombia está obligada a respetar, indica que delitos como el reclutamiento forzado necesariamente deben ser castigados con penas efectivas, cosa que no ha sucedido con las Farc. Los principales cabecillas de esa organización terrorista caminan libremente por nuestro país, haciendo campaña y desafiando con su presencia a sus víctimas. En tono soberbio, han desconocido de forma reiterada los crímenes cometidos, particularmente el del reclutamiento de menores. El país no puede olvidar que en su momento el guerrillero “Iván Márquez”, con todo el cinismo posible, aseveró que los niños que fueron a parar a sus campamentos, lo hicieron buscando cobijo y protección.
Ahora, que estamos en el día internacional de la lucha contra el reclutamiento forzado, bien vale la pena para hacer nuevamente el llamado para que los autores de esta tragedia que enluta a la República no queden impunes.
Publicado: febrero 12 de 2018