Roberto Prieto es lo que comúnmente se conoce como “un avión”. Es un sujeto que se ha movido en tierras farragosas a lo largo de su vida, bordeando agresivamente los linderos del código penal. El país no puede perder de perspectiva que él, según declaró en su momento el tesorero de la campaña presidencial de Ernesto Samper, se encargó de mover parte del dinero que regaló el cartel de Cali a la candidatura liberal.
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Ser amigo de Juan Manuel Santos, aunque puede ser reprochable, no constituye ningún delito. Pero lo que el señor Prieto ha hecho, valiéndose de su cercanía con el primer mandatario sí que es violatorio del código penal.
Además de haber estructurado la monumental operación en la que Odebrecht irrigó miles de millones de pesos tanto para la elección como para la reelección de Santos, Prieto debe responderle al país por su participación decidida y descarada en otros hechos que son materia de investigación. ¿Por qué recibió un millón de dólares en efectivo de manos del tramitador de sobornos de Odebrecht, el capturado Otto Nicolás Bula? ¿Por qué tramitó contratos en el Estado a favor de empresas a las que él les cobraba jugosas comisiones? ¿Cuál fue su papel en la adición por más de $900 mil millones de pesos a favor de Odebrecht para la construcción de la carretera entre Ocaña y Gamarra?
El escándalo de Odebrecht, que en otros países de la región tiene en la cárcel a expresidentes, exvicepresidentes, exministros y demás, en Colombia se ha movido a ritmo paquidérmico. Ya son muy pocas las menciones que se hacen respecto del mismo gracias a que nuestro país, que permanentemente salta de un escándalo a otro, tiene una increíble capacidad de olvido. Al decir de Álvaro Gómez Hurtado, todo es importante, pero nada es trascendental.
Roberto Prieto hace mucho tiempo debió haber estado sentado en el banquillo de los acusados. Pero su habilidad –y su amistad con el presidente-, lo ha salvado, por lo menos hasta ahora.
Estaba previsto que esta semana se cumpliera una audiencia de imputación de cargos. Como era de esperar, el cuestionado exgerente solicitó un aplazamiento de la diligencia, la cual fue anunciada y notificada en diciembre del año pasado.
Lo alarmante es que el juez decidió posponer indefinidamente dicha imputación, lo que pone el caso ante el escenario de la inminente prescripción. Pasarán años enteros antes de que Prieto vuelva a ser llamado y cuando eso suceda –si es que sucede-, las conductas por las que está siendo investigado estarán muy cerca de cumplir el plazo para la prescripción.
Prieto es un bribón al que lo ha acompañado la suerte. Su caso y las artimañas que ha emprendido para hacerle el quite a la administración de justicia, son la prueba fehaciente de que el entorno de Juan Manuel Santos, al parecer, tiene una amplia licencia para delinquir.
Publicado: febrero 28 de 2018
