Las decisiones de la fiscalía en contra de la red de lavado de dinero de las Farc, particularmente la cadena de supermercados que fue recientemente incautada en el departamento de Cundinamarca, confirman que Santos permitió que el proceso con las Farc fuera, en la práctica, una monumental operación de lavado de dinero.
Cuando se descubrió que Santos estaba negociando en La Habana un acuerdo a espaldas del pueblo colombiano, el gobierno se aceleró a decir que en efecto estaba buscando la paz con la guerrilla, pero que en todo caso, las víctimas estarían en el centro de cualquier arreglo posible.
Con esas palabras, se pretendía decir que los millones de ciudadanos que hemos sido víctimas de esa guerrilla tendríamos acceso pleno a la verdad, a la justicia y a la reparación. Este último elemento, se daba por descontado, debía ser sufragado con el dinero de las Farc, organización que valga recordar, es, gracias al tráfico de estupefacientes, una de las estructuras terroristas más ricas del planeta.
De acuerdo con la prestigiosa revista Forbes, en 2014, las Farc era el tercer grupo terrorista con más dinero en el mundo, superado únicamente por Hamas e Isis.
Aquella revista, estima en $600 millones de dólares los ingresos anuales de las Farc, provenientes fundamentalmente del narcotráfico, extorsiones, secuestros y minería ilegal.
Todo ese dinero, debe ser lavado y para ello deben existir muchísimas empresas de fachada que se encargan de introducir aquella fortuna en el sistema financiero colombiano.
Considero que es inaceptable la laxitud que observó el gobierno frente a la fortuna de la guerrilla. Sabiendo de antemano que se trataba de un capital inconmensurable con el que bien puede ser reparado económicamente el grueso de sus víctimas, Santos y sus negociadores resolvieron voltear la mirada y permitir que Timochenko, Romaña, Catatumbo, Márquez y demás, pudieran hacerle el quite a la devolución de esos recursos.
Ahora, la reparación tendrá que llevarse a cabo con dineros provenientes del erario. De manera absurda, los contribuyentes deberemos pagar por los daños causados por los terroristas, mientras ellos, sonrientes y desafiantes, estarán gozando tranquilamente de la fortuna que de facto les legalizó el presidente Santos.
Nos corresponde entonces, celebrar las heróicas acciones emprendidas por el fiscal general de la nación, quien contra viento y marea se ha dado a la tarea de desmontar la red de lavado de dinero de las Farc. Es previsible que esa guerrilla, apoyada por sectores de la extrema izquierda, emprenda una arremetida de descalificaciones contra Néstor Humberto Martínez, acusándolo de ser un “enemigo de la paz “ y quién sabe qué otras infamias.
Lo cierto por ahora es que gracias a él, tendremos la tranquilidad de que una de las principales redes de lavado de dinero con que contaban las Farc, ha quedado desmantelada.
Publicado: febrero 26 de 2018