La costa Caribe colombiana estuvo a punto de quedarse a oscuras por cuenta de un atentado terrorista del Eln y por la irresponsabilidad de los comercializadores y transportadores de gas, particularmente por el conglomerado que lidera Promigas y su presidente, el cuestionado Antonio Celia.
Los días 2 y 10 de febrero pasados, estructuras criminales del Eln dinamitaron dos torres de interconexión eléctrica entre el centro del país y la costa. La primera detonación tuvo lugar el 2 de febrero en el punto conocido como Cerro-Porce. La segunda fue en Copey-Ocaña el pasado 10 de febrero.
Los efectos de la segunda explosión no han podido ser reparados, mientras que el servicio de la primera torre derribada ya fue reestablecido.
Hace pocos años, el gobierno tomó la decisión de financiar la construcción de una planta regasificadora en la ciudad de Cartagena, denominada Puerto El Cayao. Se trata de una obra por la que los colombianos pagaron $140 millones de dólares y que fue inaugurada a finales del año 2016.
Cuando se decidió construir esa planta, que es administrada por el grupo Promigas propietario del 49.9% de sus acciones, el plan era el de garantizar la seguridad energética del norte de Colombia, para efectos de enfrentar coyunturas como fenómenos naturales que amenacen la producción energética, tales como “El Niño” o para suplir contingencias causadas por atentados terroristas como los que ejecutaron los facinerosos del Eln.
Tan pronto se produjeron los atentados, el riesgo de un apagón era inminente, pues la costa está interconectada con el interior del país a través de 3 líneas. Dos de ellas fueron atacadas y a la tercera hubo necesidad de bajarle la carga para evitar que colapsara.
Inmediatamente, las plantas termoeléctricas intentaron activarse para efectos de que la costa no se quedara a oscuras. Grande fue la sorpresa al enterarse de que Promigas alegó que no podía transportar gas hasta las plantas térmicas, asegurando que había una baja presión en su sistema de transporte.
Pero lo que resulta aún más grave es que la planta regasificadora de Puerto El Cayao, respondió que no tenía gas disponible y que había que esperar hasta finales de mes hasta que llegara el barco con el gas.
Aquella respuesta es una verdadera monstruosidad. Cuando se inauguró esa regasificadora, se aseguró que ésta tendría la capacidad de procesar 400 millones de pies cúbicos de gas al día. Con esa cantidad, fácilmente se podía atender la crisis que se desató por cuenta de los atentados terroristas del Eln.
¿Por qué El Cayao no tenía gas disponible, cuando su función es, precisamente, la de estar preparada para suplir a las termoeléctricas en casos fortuitos como el que se presentó? ¿Por qué Promigás y su presidente Antonio Celia salieron con la peregrina excusa de que la baja presión hacía imposible llevar el gas hasta las termoeléctricas?
A todo esto, se suma un elemento que de confirmarse demostraría que en toda esta crisis hubo un factor que tendrá que ser investigado por la fiscalía. Al alegar que no había suficiente gas y dada la inminencia de la crisis energética, la regasificadora le habría ofrecido a las plantas termoléctricas el pie cúbico de gas muy por encima del precio promedio del mercado. Entonces, surge un interrogante: ¿Se retuvo el gas para efectos de disparar artificialmente el precio del mismo, aprovechándose de una crisis desatada por una acción terrorista?
Es hora de que se inicie una investigación. Que la superintendencia de servicios y la superintendencia de Industria y Comercio, esas mismas que supuestamente se preocupan por la defensa de los consumidores y usuarios, revisen minuciosamente estos hechos. Así mismo, se deben investigar las maniobras poco transparentes del señor Celia, presidente de Promigas, a quien muchos señalan de buscar ganancias en detrimento de los intereses del Estado y, por supuesto, de los ciudadanos que se habrían visto gravemente afectados si no se hubiera logrado palear la crisis que estuvo a punto de dejar a oscuras al norte de Colombia.
Publicado: febrero 19 de 2018