En Colombia no bajó el índice de policías y militares asesinados producto del acuerdo de La Habana, lo que sucedió fue que el Gobierno Santos tomó la decisión de no enfrentar la producción de coca protegida por las guerrillas y bandas criminales. En la actualidad los uniformados temen actuar por las consecuencias legales existentes, la falta de respaldo por parte del Ejecutivo y la persecución judicial que busca debilitar, sancionar y desprestigiar a los garantes del orden.
La paz de Santos resultó ser una farsa y los hechos acontecidos en los últimos días en la costa Atlántica así lo demuestran. Hechos en los que murieron valientes policías a manos de sanguinarios terroristas que sin ninguna vergüenza admitieron ser los artífices de los atentados que llevaron a la suspensión de los diálogos con el Eln.
Una organización guerrillera que motivada por los incentivos perversos del Gobierno Nacional, entendió –al igual que las Farc-, que asesinando, extorsionando y secuestrando obtienen más provecho de la negociación con el Estado que demostrando auténtica voluntad de paz. No es casual que desde 2015 el número de tierras sembradas en coca se disparara en Colombia, las redes de microtráfico se hayan multiplicado y la subversión empoderado.
Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas se hallan limitadas para combatir al delito y las consecuencias inmediatas son EVIDENTES. No todos los frentes de las Farc se desmovilizaron, muchos se convirtieron en “disidencias” y los espacios que dejaron aquellos que volvieron a la vida civil ya fueron ocupados por personas nuevas que entraron a fortalecer las Bacrim, el Eln y la subversión en general.
Tenemos que ponerle un alto a los bandidos que creen que por la vía armada van a conseguir lo que con política les resulta imposible: votos. Es necesario suspender los diálogos de paz con el Eln indefinidamente y reajustar los acuerdos de La Habana por respeto a las víctimas de las guerrillas durante el conflicto armado.
Se requiere que el próximo Gobierno de Colombia retome la mano dura contra el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo. Necesitamos de una Fuerza Pública que pase del estado de indefensión total, a uno de respaldo por parte del Estado y la ciudadanía. Urge que policías y militares puedan enfrentar al crimen organizado para detener los constantes asesinatos de líderes sociales, uniformados y ciudadanos.
Publicado: febrero 2 de 2018