En Colombia se dice que la cárcel es para los de ruana, queriendo señalar que algunos evaden el rigor de la ley mientras otros si son sometidos a ella. Y ahora esa firmeza no solo se usa para esos casos, sino para perseguir a los supuestos enemigos políticos.
En el país hay una antigua y preocupante tradición de no resolver casos donde la justica debería brillar por su imparcialidad y severidad para castigar a los culpables, casos que han quedado sin resolver. La lista es larga como vieja. Empezando desde el intento de homicidio al libertador Bolívar, como el asesinato del mariscal Antonio José Sucre, hasta el crimen de Jorge Eliecer Gaitán sin dejar de mencionar los de Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán y Jaime Garzón.
Hay una larga tradición de inmunidad y de manipulación de la justicia que se ha convertido en una manera de vivir, en la “cultura de la impunidad”.
La independencia y la politización de la rama judicial ha llegado a su epítome en el gobierno Santos. Es inadmisible que el proceso judicial que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe esté tan parcializado que no se reconozca como evidencia a los nuevos testigos que declaran las fechorías del inefable senador Cepeda Castro, quien ha visitado las cárceles en busca de testigos falsos en muchísimas ocasiones, más de lo que moral y éticamente se permite, escondido detrás de la mampara de ser un adalid de los derechos humanos.
Si algo no debe pudrirse en una democracia es su aparato judicial, hoy politizado a tal punto que existe un cartel de magistrados (todavía inconcebiblemente no ajusticiados) que vende sus decisiones al mejor postor. Y que la justicia se use para hacer política de la más baja ralea. Colombia no puede seguir teniendo jueces y fiscales que estén al servicio de causas personales sino la de impartir sabiamente justicia .Uno se pregunta qué pasó con el caso Odebrecht, que pasó con los falsos hackers, que pasó con las ministras corruptas, hoy autoexiliadas. Qué pasó con las declaraciones de los senadores cordobeses incriminando la campaña de reelección de Santos. Qué pasó con Roberto Prieto. Qué pasó con las declaraciones del senador Benedetti contra el propio fiscal Martínez Neira y el candidato Vargas Lleras. Qué pasó con los 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico entregados al secretario general de la presidencia y al jefe de imagen de la campaña Santos. Con el caso de Reficar, definido como “el mayor desfalco de la historia de Colombia”. Con el caso de Isagen subastada ante un solo proponente. Con los “cupos indicativos” o la compra del voto de los congresistas para aprobar los desastrosos proyectos del presidente. Qué pasó con los nombramientos, sobornos y favores a familiares de miembros de las diversas Cortes para que fallen a favor de los intereses del jefe del ejecutivo. Qué pasó con el escandaloso caso del préstamo de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario. No pasó nada porque en Colombia la cárcel es solo para los de ruana y los amigos del presidente Uribe.
No es entonces descartable la intervención del aparato judicial por una comisión de la OEA, como se ha hecho en casos de corrupción e injusticia en países de Centroamérica.
Publicado: marzo 1 de 2018
