Por Nicolás Goyeneche Valderrama
El narcotráfico ya ha participado en elecciones presidenciales, en cuerpo ajeno y usando como recurso la financiación electoral, así sucedió en 1994 cuando el Cartel de Cali puso a su candidato en la Casa de Nariño. Hoy, el narcotráfico vuelve a acechar la campaña por la presidencia, esta vez de forma más descarada, con un capo de la droga como candidato, con un partido político propio y una bancada parlamentaria de diez congresistas ya asegurados.
Las FARC, uno de los grupos terroristas y narcotraficantes más grandes y ricos del mundo, participarán en las presidenciales de 2018 con Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko como candidato. El 27 de enero se anunciará oficialmente su aspiración presidencial, a todas luces ilegitima.
El Cartel de Marquetalia, como deberían llamarse las FARC en realidad, logró que el Gobierno comprara su historia, su excusa, de que luchaban por la justicia social. Los guerrilleros se escondieron nuevamente en su mito fundacional y su pasado político, llegando a convencer a la Unidad Nacional de que participaron del negro negocio de la coca sólo para financiar su lucha armada. Afortunadamente la mayoría de los colombianos sabemos que se metieron de lleno en el narcotráfico para enriquecerse y seguir aterrorizando al país.
Cuando se afirmó, durante la campaña por el NO en el plebiscito, que con el Acuerdo de Paz Timochenko podría ser candidato a la presidencia se desestimó ese argumento y se acusó de mentirosos a quienes lo esgrimieron. Hoy el país tiene claro que el cabecilla de las FARC, el último capo del Cartel de Marquetalia, puede estar en el tarjetón sin decir siquiera una palabra ante la justicia que fabricaron a su medida. (Vale la pena traer a la memoria, que Rodrigo Londoño Echeverry está pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por múltiples cargos de narcotráfico).
No queremos que ningún capo de la droga participe en las elecciones de 2018, al menos así pensamos quienes no justificamos el crimen, quienes entendemos que cualquier narcotraficante debe pagar por sus crímenes, así tenga el manifiesto comunista, o cualquier otro texto político debajo del brazo.
No basta con vencerlos en las urnas, es menester derogar las reformas constitucionales que permitieron, por la complicidad del Régimen, que llegáramos a este punto en el que el país nuevamente se ve arrodillado ante narcotraficantes.
Publicado: enero 17 de 2018