Análisis de Camilo Rubiano
Cundinamarca es un departamento con una extensión de 22.623 kilómetros cuadrados. De los 116 municipios que tiene, cerca del 89% son categoría 5 y 6. El sector agropecuario es el primer renglón de la economía del departamento y por ende, en la gran mayoría del territorio cundinamarqués el uso del suelo es para la agricultura.
Sin embrago, en los últimos ocho años esta característica ha ido cambiando. En los municipios de la sabana de Bogotá, como por ejemplo Mosquera, las fincas ganaderas han venido siendo reemplazadas por grandes parques industriales llenos de bodegas y fábricas. A primera vista, uno podría decir que en la medida qué pasa el tiempo, Bogotá se irá expandiendo a los municipios vecinos y que eso sería algo normal. Lo preocupante y reprochable, es la forma en que se han venido cambiando los usos de suelo y con esto, generando una nueva fuente de corrupción en la cual el mismo gobernador Jorge Rey podría estar involucrado.
En los últimos días hemos visto cómo personas cercanas al gobernador Rey han tenido que rendirle cuentas a las autoridades, todos ellos han sido exalcaldes de municipios de la sabana de Bogotá y para nadie es un secreto la cantidad de dinero con el que salieron después de su paso por la alcaldía.
Incluso, el actual gobernador también fue alcalde de uno de esos municipios, exactamente de Funza, en la cual firmó una curiosa resolución dos días antes de terminar su mandato, en el que beneficiaba a algunos propietarios de tierras sobre el pago de plusvalía, después de haberles cambiado el uso del suelo, generándole un detrimento patrimonial al municipio.
Sobre estos casos de corrupción, los cundinamarqueses exigimos resultados, lamentablemente las investigaciones sobre el cartel del volteo de tierras, estaban en manos del fiscal anticorrupción Moreno.
Es esta la razón, la que me impulsa solicitarle de manera pública y por medio de un derecho de petición que le enviaré al señor Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez esta misma semana el estado de los procesos sobre este penoso y reprochable caso de corrupción y así mismo preguntarle por las investigaciones en contra del gobernador Jorge Rey.
Como colombianos, no podemos permitirles a los corruptos que nos sigan robando. En lo corrido de la administración Santos, el costo de la corrupción pasó de $13.7 billones a cerca de $60 billones de pesos. Como candidato y desde la Cámara de Representantes, seguiré denunciando todo tipo de corrupción, el país necesita un cambio y se lo garantizaremos.
Frente a los casos del volteo de tierras en Cundinamaraca, esperamos pronta respuesta con el fin de aclárale a la ciudadanía los hechos y sancionar de manera muy fuerte a los responsables.
Publicado: enero 29 de 2018