Este año que comienza será definitivo para la recuperación del rumbo perdido durante el corrupto, cuestionado, errático e ineficiente gobierno de Juan Manuel Santos, quien llegó a la presidencia de la República en 2010 cobijado por la Seguridad Democrática, política que tiró por la borda luego de asumir el poder.
Santos engañó a más de 9 millones de colombianos a los que les dijo que continuaría enarbolando las banderas del uribismo. Gracias a ello, logró vencer a su rival de entonces, el profesor Antanas Mockus quien en todos los sondeos de opinión aparecía imbatible.
Gracias al discurso uribista y al respaldo de la inmensa mayoría ciudadana que aprobaba la gestión de Álvaro Uribe, Santos logró romper la tendencia de Mockus e imponerse en las elecciones de 2010.
No viene al caso hacer un recorrido por todas las traiciones de Santos. Valga detenerse en la más importante: el 7 de agosto de 2010, la banda terrorista de las Farc estaba perfectamente derrotada. Sus cabecillas, unos estaban enmarañados en lo más profundo de la manigua colombiana y otros –como alias Timochenko, Sántrich, Iván Márquez y Lozada- escondidos tras las enaguas de su mecenas, el dictador tropical Nicolás Maduro.
Santos, en vez de continuar con la ofensiva militar en contra de esos delincuentes, resolvió cesar el fuego, ablandar al máximo, tender la mano aceptando a los criminales como interlocutores legítimos. Montó una mesa de negociación en la isla de los hermanos Castro, ofreció el oro y el moro y las Farc, por decreto y en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de colombianos, terminaron convertidas en un partido político al que el Estado le entregará más de 30 emisoras de radio, curules gratuitas, miles de millones de pesos y, lo que es peor, un cheque en blanco en materia de impunidad.
Ni un minuto en la cárcel tendrán que pasar los responsables de los peores crímenes. Los que volaron el club El Nogal, los que secuestraron aviones en pleno vuelo, que reclutaron forzadamente a miles de niños, que esclavizaron sexualmente a centenares de niñas, que establecieron campos de concentración en las selvas de nuestro país, fueron perdonados por Santos. En el peor de los casos recibirán una sanción pedagógica como sembrar unos arbolitos, o limpiar las aceras de una calle.
La denominada justicia especial para la paz, es una de las peores vergüenzas que haya tenido que soportar nuestra democracia. Resulta inadmisible el establecimiento de un órgano judicial prevalente, sin control alguno y cuyos jueces y magistrados fueron seleccionados por un grupo de juristas extranjeros, todos de la extrema izquierda.
Es evidente que la JEP será la materialización de la teoría denominada “derecho penal del enemigo” que en pocas palabras es la instrumentalización del código penal para perseguir a las personas sin que hayan causado afectación alguna al bien jurídico. Los sectores más agresivos de la izquierda criolla lo reconocen sin vergüenza alguna: la JEP fue creada para absolver a las Farc y castigar severamente a quienes desde la democracia las combatieron y, por supuesto, la figura del expresidente Uribe está en la mira de los terroristas.
Todo lo que arbitrariamente se montó para premiar y beneficiar a las Farc, deberá ser desmontado por el nuevo congreso que habrá de elegirse en marzo de este año, con el respaldo decidido del gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. Los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de entregar un mandato amplio y contundente para regresar al estado natural de las cosas. Santos le entregó la patria a unos terroristas y los colombianos, a través del voto, tienen el deber de reversar aquella entrega.
Publicado: enero 9 de 2018