Por los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, la fiscalía imputará el próximo 26 de febrero al exgerente de las campañas santistas, Roberto Prieto, quien además es uno de los más cercanos amigos y compinches del primer mandatario de los colombianos.
Esta imputación de cargos se dará gracias a que la fiscalía tiene suficientes pruebas en el sentido de que Prieto habría recibido alrededor de $650 millones de pesos en sobornos para facilitar que la construcción de la denominada ruta del sol III le fuera adjudicada al consorcio del que hace parte la empresa italiana Salini Impregilo.
Prieto, uno de los más activos tramitadores de contratos durante el gobierno de Santos, hizo gestiones ante la agencia nacional de infraestructura, particularmente ante su hoy detenido exdirector, Luis Fernando Andrade para que la obra le fuera adjudicada a la empresa italiana.
La fiscalía cuenta con las pruebas que demuestran la forma como le fueron pagados a Prieto los $650 millones de pesos que cobró para hacer esa gestión abierta y evidentemente corrupta, a través de una compañía cuyo propietario es un primo de su socio, el también cuestionado Andrés Giraldo.
Giraldo, como es sabido, fue la persona a la que Prieto le delegó la misión de recibir el millón de dólares que en su momento le pagó Odebrecht por otro soborno.
La decisión de la fiscalía general de la nación, de llamar a Prieto a imputación de cargos demuestra que ese sujeto no es intocable y que de nada sirvieron las presiones ejercidas por el gobierno nacional para proteger al mejor amigo del presidente Santos de la acción de la justicia. Al decir popular, el que la hace, la paga. Y Prieto, como se encuentra ampliamente documentado, ha transgredido buena parte del código penal durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Esta imputación confirma la seriedad e independencia con que Néstor Humberto Martínez está llevando a la fiscalía general de la nación, entidad que está haciendo una tarea encomiable en la investigación y judicialización de la corrupción, un cáncer que carcome a nuestra sociedad.
A pesar del creciente desprestigio que cobija a Juan Manuel Santos, su poder presidencial se hizo sentir a la hora de proteger a su compinche Roberto Prieto. Es un pacto de complicidades, pues el presidente debe saber que si cae su testaferro, él también podría caer, pues los delitos cometidos por Prieto van mucho más allá del caso de Odebrecht.
Desde que regresó a Colombia, luego de su paso por el BID en la ciudad de Washington, Prieto se convirtió en un profesional del lobby, ayudando a que grandes empresas pudieran quedarse con multimillonarios contratos con el Estado, gestiones por las que tuvo que recibir jugosas comisiones. La pregunta que muchos se hacen es si ese dinero terminó únicamente en sus cuentas personales o si parte del mismo fue a parar a las de su protector, Juan Manuel Santos, un hombre cuyo patrimonio real no se compadece en absoluto con el que aparece reflejado en su amañada declaración de renta.
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Prieto no ha ahorrado esfuerzos para desviar la acción de la justicia, apelando a argumentos estúpidos como el de la inmunidad diplomática que según él lo blinda de cualquier responsabilidad penal, habida cuenta de que ostentó un pasaporte diplomático cuando empezó a cometer sus fechorías.
En diálogo con LOS IRREVERENTES, el senador uribista José Obdulio Gaviria aplaudió la decisión de la fiscalía en contra de Prieto y advirtió que “es muy posible que ese individuo, al verse enfrentado a las contundentes pruebas que pesan en su contra, resuelva sincerarse con el país contando todo lo que sabe, particularmente en relación con Juan Manuel Santos quien es su mentor en sus actividades de corrupción”.
Publicado: enero 9 de 2018