En la recta final de su fallido gobierno, Santos va en caída libre, tal y como se refleja en las más recientes encuestas de opinión, particularmente la realizada por la firma Yanhaas, según la cual, el 76% de los colombianos desaprueban su gestión, una cifra realmente escandalosa y que es el reflejo de la pésima administración que ha padecido nuestro país en los últimos 7 años y medio.
La Colombia de hoy, en nada se parece a la que recibió Santos el 7 de agosto de 2010, cuando había prosperidad, confianza inversionista, desarrollo y, sobre todo, perspectivas reales de acabar con el flagelo del narcotráfico, combustible que nutre al terrorismo.
Desde que Santos tomó la decisión de validar a las Farc como un partido político, el territorio volvió a llenarse con cultivos de coca, hasta llegar a la alarmante cifra de 200 mil hectáreas.
Así mismo, la economía entró en franco deterioro. Mientras que la economía de Panamá creció un 5.3% y Costa Rica un 3.9%, la nuestra quedó en el 1.9%, una cifra que ubica al país entre los últimos de la región.
Las pésimas políticas de Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tuvieron consecuencias nefastas. Al finalizar el año pasado, la calificadora de riesgos, Standard and Poor’s bajó nuestra calificación a BBB-, por cuenta del pobre desempeño de la economía nacional.
¿A dónde fue a parar el dinero de los colombianos? La respuesta salta a los ojos: Santos permitió que se robaran al país. Nunca antes se habían registrado índices de corrupción tan elevados. Los escándalos hasta ahora conocidos son la punta de un iceberg cuya magnitud real sólo podremos ver cuando se produzca un relevo en el gobierno nacional. Le corresponderá al próximo presidente de la República, poner orden en la casa, develar todos y cada uno de los grandes robos que se efectuaron durante el régimen santista y, por supuesto, obligar a que los responsables de los mismos sean llevados ante los tribunales de justicia.
Pero sin lugar a dudas uno de los factores que más ha provocado el rechazo social a Santos es el pacto con la banda terrorista de las Farc. La ciudadanía, que el 2 de octubre de 2016 votó en contra del acuerdo con ese grupo delincuencial, no acepta ni aceptará las gabelas y prebendas que el gobierno le ha otorgado a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Santos pasó por encima de la voluntad popular, dando un verdadero golpe de Estado. El pueblo dijo NO y él, arbitrariamente, se pasó por la faja aquel veredicto, razón por la que la opinión pública ha decidido castigarlo a través de la descalificación de su gobierno.
Aún faltan 7 meses para que Juan Manuel Santos salga del poder. Este es un año electoral en el que seguramente habrá un reajuste de fuerzas. La oposición liderada por el Centro Democrático se muestra imbatible y su desempeño en las elecciones parlamentarias será estupendo. Para nadie es un secreto que el partido liderado por el presidente Uribe se quedará con por lo menos el 25% de las curules en el Senado y un porcentaje similar en la Cámara de Representantes.
Al margen de la campaña política, la gran perjudicada con este desgobierno será Colombia. Santos, acorralado y perfectamente asfixiado, seguramente seguirá tomando decisiones equivocadas y empeñando el futuro de la nación. Al fin y al cabo, su aspiración máxima es que llegue el 7 de agosto para irse por el mundo entero exhibiendo el Nobel de Paz que en su momento le compró al gobierno de Noruega.
Publicado: enero 18 de 2018