Es evidente que al alcalde Enrique Peñalosa le quedó grande el grave problema de la inseguridad en Bogotá. Su secretario Daniel Mejía es el perfecto ejemplo del académico riguroso experto en elaborar documentos y hacer investigaciones científicas en los salones de clases de las mejores universidades del país, pero que es incapaz de poner en práctica todo su conocimiento.
La inseguridad en Bogotá no es una percepción como han querido decir los más importantes funcionarios de la administración distrital. Es una realidad palpable. No hay zona de la ciudad donde no se presenten casos de atracos, homicidio, hurto de residencias, robo de carros. En fin. El problema es de fondo y requiere la adopción de medidas drásticas para contener a los antisociales que han hecho de la capital colombiana un lugar perfectamente invivible.
Injusto sería achacarle la totalidad de la responsabilidad a la policía nacional. Es evidente que el pie de fuerza no es suficiente y que hacen falta recursos como motocicletas y cámaras de vigilancia. Acá, todos tienen que poner de su parte. Además de tener un número insuficiente de policías, preocupa que muchos de ellos no estén concentrados al 100% en el desempeño de sus funciones. Son habituales las imágenes de policías imbuidos en las pantallas de sus celulares durante las horas de servicio.
El alcalde Peñalosa está en mora de trazar y poner en marcha un plan de recuperación de la seguridad en Bogotá. No puede seguir permitiendo que la capital colombiana parezca un pueblo del lejano oeste donde los pistoleros hacen de las suyas con total impunidad. Las noticias de homicidios son frecuentes y dolorosas. El exoficial de la Fuerza Aérea que es asesinado mientras manejaba su vehículo particular, el cual estaba afiliado a la plataforma Uber. El mesero que es puñaleado cuando salía de trabajar en un restaurante de Usaquén.
La señora embarazada que es baleada en la columna vertebral mientras estaciona su camioneta.
Algo hay que hacer y el compromiso debe ser interinstitucional. Resulta lamentable que la fiscalía cometa errores en la legalización de las capturas, razón por la que los jueces –garantistas- tengan que dejar en libertad a los antisociales.
Es importante fortalecer el rigor técnico para que la lucha contra el crimen organizado sea eficaz. Los ciudadanos deben tener garantías para denunciar hechos sospechosos y la policía contar con las herramientas suficientes para prevenir actos de violencia como los que se han registrado.
Hay un elemento que debe ser tenido en cuenta y que está íntimamente ligado con el así llamado “proceso de paz” con la banda terrorista de las Farc. Valga tener de presente que en Centroamérica, particularmente en El Salvador, los índices de inseguridad ciudadana se dispararon luego de que se firmara la entrega de armas de la guerrilla de ese país.
Colombia tiene la misión de evitar que buena parte de los bandidos que hacían parte de las Farc, se “reciclen” y se conviertan en matones dedicados a cometer toda suerte de delitos en los principales centros urbanos.
Esta situación no admite politiqueros como Gustavo Petro, tratando de sacar provecho. El exterrorista del M-19, que sembró el caos en Bogotá, que allanó el terreno para que el hampa se posicionara como lo estamos viendo, no tiene ninguna autoridad para opinar sobre el drama que está padeciéndose en la ciudad.
El alcalde tiene que despertar, hacer los cambios que se requiera en su equipo inmediato y enviar un mensaje contundente, pues este problema está desbordado y puede terminar convertido en una crisis de imprevisibles consecuencias.
Publicado: enero 31 de 2018