La semana pasada recordaba en una reunión el sistema de papeletas utilizado en las elecciones anteriores a la Constitución del 91. Lo hacía porqué no existe nada más aberrante en nuestro sistema electoral que reducir a un candidato, su identidad, sus propuestas, sus ideas a un número en el tarjetón electoral. Aquí se viene transformando todo no para beneficiar y mejorar las cosas sino para alimentar y proteger las mafias que se apoderaron de todo y de todos.
Este sistema electoral que nos rige está diseñado a la perfección para mantener en corporaciones públicas, alcaldías y gobernaciones a las mafias que se apoderaron de los presupuestos regionales y a los aliados de gobiernos calamitosos y corruptos como el de Juan Manuel Santos. El Estado debería ser el principal defensor de la democracia y la trasparencia electoral, pero termina siendo permisivo con este mafioso sistema electoral por aplazar y evitar la tan anunciada, por décadas, reforma electoral. Y la aplaza para proteger y beneficiar a las bancadas que negocian con cupos indicadores (mermelada) los proyectos de ley, ordenanzas o acuerdos municipales.
Por estos días los precios de las impresiones litográficas, pauta publicitaria en radio, tv y prensa, vallas, y de todos los elementos necesarios para promover candidatos e ideas, fuente de la democracia y la decencia colectiva se triplican sin control alguno. ¿Qué clase de Estado tenemos? ¿Qué clase de democracia es esta? Un candidato decente, con recursos propios decentes, cumplidor de las reglas de juego establecidas por el ordenamiento jurídico queda por fuera de cualquier posibilidad de competencia con candidatos que por estos días se gastan para ser elegidos Senadores y Representantes a la Cámara entre 5 mil y 10 mil millones de pesos.
Pero no es solo son los costos y el empotramiento de las mafias electorales lo que imposibilita la competencia de los nuevos liderazgos políticos en los contextos regionales y nacionales, también es la decidía del ciudadano decente la que alimenta la corrupción por dejar en manos de concejales y supuestos líderes inescrupulosos y corruptos la responsabilidad de elegir sus representantes en el Congreso de la República. Concejales de municipios de sexta categoría exigiendo millones por respaldar o apoyar candidatos, lideres exigiendo esta vida y la otra a cambio de apoyos, y gobernadores y alcaldes estrangulando las finanzas y condicionando la inversión es la realidad que se vive en las regiones por estos días de campaña congresional. Inaudito y delincuencial.
Es inaplazable antes de cualquier reforma del Estado modificar de fondo y forma el sistema electoral y democrático que tenemos, se necesita más que consensos la vinculación de diferentes sectores de la vida colombiana para llegar a consolidar el documento matriz que soporte dar el paso monumental y necesario de nuestra vida republicana. Esta reforma no puede estar liderar por los cristos o riveras que llegan al Ministerio del Interior, esta transformación requiere del liderazgo del próximo presidente, del compromiso de los mejores hombres de cada partido, de la academia, y claro, del acompañamiento internacional de modelos electorales ejemplares.
Por ahora lo que tenemos es vergonzoso, nefasto y criminal. La democracia y nuestra suerte no puede estar en manos de mafias y mercaderes electorales.
Publicado: enero 22 de 2018