De imponerse la tesis de variación del quorum por efectos de la aplicación de la silla vacía en las corporaciones públicas, tendríamos que aceptar que si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia impone medida de aseguramiento privativa de la libertad al menos a dos más de los Senadores investigados al día del hundimiento de la reforma política, el gobierno tendría garantizadas las mayorías en el Senado de la República, para expedir por vía de decretos legislativos las reformas necesarias para cumplir el compromiso de la implementación de los acuerdos con la guerrilla desmovilizada de las Farc.
Ya son varias las voces que se levantan desde las orillas partidarias de los acuerdos y desde el propio partido de las Farc, para recomendar como salida, la declaratoria de conmoción interior como Estado de excepción, para tomar un camino jurídico que le permita al gobierno del presidente Juan Manuel Santos sacar adelante la frustrada agenda legislativa intentada por la vía del fast track. Tremenda cosa, pero en una situación como la que vive nuestro país, en la que el quiebre institucional es visible, cualquier cosa adecuada al criterio de juridicidad del gobierno, puede pasar.
Por ejemplo, en plena crisis de gobernabilidad y tras el hundimiento del mencionado paquete legislativo, los partidos y movimientos políticos se preparan para presentar sus listas de candidatos al Congreso de la República, sin percatarse que la sociedad colombiana se encuentra en un mar de confusiones por la ausencia de propuestas y el exceso de polarización y sentimientos de temor y miedo de uno y otro lado, a lo que se suma un rechazo generalizado, creado desde adentro del propio Congreso, por una buena parte de los integrantes de la misma corporación.
Pareciera que ya estuviéramos en otro régimen. Un régimen parlamentario, y estuviésemos soñando o en medio de una pesadilla, en la que el Jefe de Gobierno quisiera disolver el Parlamento, provocando de paso su propia renuncia, no para convocar elecciones, sino para aplazarlas e iniciar el viaje de un gobierno de transición. En realidad ese puede ser el sueño de pocos y de muchos, que observan como caemos en una especie de patria boba, muy parecida al raro ambiente político de finales del gobierno del presidente Virgilio Barco.
En circunstancias como las presentes, cualquier cosa puede pasar en este Estado fallido, observado por organismos internacionales que aspiran que la democracia sea una realidad y no una pantomima de intereses, o una obra de teatro en la que todos vamos como pasajeros de un tren hacia Auschwitz, sin saber que nos conducen como a los prisioneros judíos, en un viaje sin retorno. Al país no lo pueden seguir llevando a la deriva. La economía está en punto de colapso. El galón de gasolina sube exageradamente. Los precios de los alimentos se incrementan, solamente se mantienen en las tiendas en donde merca el director del DANE. El peso pierde su capacidad de pago y los cafeteros son impactados por el invierno. No hay políticas públicas para proteger los ingresos de los más pobres y los dineros destinados a la asistencia social y a las obras de infraestructura generadora de empleo, se los roban los corruptos contratados por el propio Estado. Una pregunta ¿Quiénes de verdad conducen esto, y para dónde nos llevan?
Publicado: diciembre 5 de 2017