Contralor de Bogotá otorgó millonario contrato a exmagistrado del cartel de la toga, el cual fue revocado cuando estalló escándalo.
El doctor Juan Carlos Granados, contralor de Bogotá es un hombre generoso, sobre todo cuando se trata de repartir los dineros de la capital a diestra y siniestra, a través de cuestionables contratos de prestación de servicios.
Además de haber vinculado a la polémica Yara Malo, hija del integrante del denominado Cartel de la Toga, el magistrado Gustavo Malo, suscribió un contrato con la oficina de otro de los protagonistas del mayor escándalo de corrupción judicial en la historia reciente de Colombia, el exmagistrado y expresidente de la corte suprema de justicia, Camilo Humberto Tarquino Gallego.
El pasado 22 de mayo, exactamente un mes antes de que estallara el escándalo del Cartel de la Toga, la contraloría distrital de Bogotá suscribió el contrato 136-2017 con la firma T&T Abogados Consultores S.A.S. El objeto del mismo era el de “contratar la prestación de servicios profesionales de una persona jurídica con conocimientos especializados en materia de derecho constitucional, derecho laboral administrativo, seguridad social y riesgos laborales para apoyar jurídicamente en los procesos y trámites de trascendencia institucional y alto impacto que se presenten en la dirección de talento humano”.
La idea inicial era que el contrato tuviera una duración de 6 meses, por lo que se pactaron unos honorarios de $60 millones de pesos, es decir, $10 millones al mes.
De acuerdo con los registros de la cámara de comercio de Bogotá, T&T Abogados Consultores S.A.S es una firma creada en el año 2012 cuyo gerente es el doctor Camilo Humberto Tarquino Gallego. Así mismo, se registraron dos representantes, una de ellas es la esposa del exmagistrado, la señora Luz Stella Trujillo Espitia.
El segundo representante es el señor Rubiel de Jesús Restrepo Gallego, un sujeto que comparte los mismos apellidos de la ministra de Trabajo, la doctora Griselda Janeth Restrepo Gallego. ¿Rubiel de Jesús, socio del exmagistrado Tarquino, es uno de los 7 hermanos de la señora ministra?
El 27 de junio de este año, cuando el doctor Tarquino ya había cobrado el primer mes del generoso contrato con que fue favorecido por la contraloría de la capital colombiana, la fiscalía general de la nación capturó a Gustavo Moreno. A partir de ese momento, empezaron a conocerse los pormenores de la forma como operaba la Bacrim judicial y a revelarse las identidades de sus cabecillas.
Salieron a la luz pública los nombres de los exmagistrados Francisco Ricaurte –capturado- y Leonidas Bustos –procesado en la comisión de acusaciones-. Igualmente, se reveló que dicha organización criminal contaba con otro exmagistrado y expresidente de la corte suprema: el doctor Camilo Tarquino.
Paralelamente al descubrimiento de las evidencias de corrupción judicial, de manera sorprendente, la contraloría y Tarquino resolvieron, el pasado 25 de agosto, liquidar de manera anticipada el contrato de prestación de servicios. Así, el exmagistrado solamente recibió $30 de los $60 millones que estaba previsto le pagaría el organismo fiscalizador del distrito.
Lo curioso es que la cancelación de dicho contrato se produjo 10 días después de que el capturado exfiscal Gustavo Moreno diera su primera declaración, delatando a Tarquino como miembro del Cartel de la Toga.
¿Fue ese el motivo por el que el contralor Granados resolvió marcar distancia con el cuestionado expresidente de la corte suprema?
Lo cierto es que, al margen de cualquier consideración, la contraloría de Bogotá, gracias a la amplitud del doctor Juan Carlos Granados, fue un oasis del que se vieron ampliamente beneficiados los principales protagonistas de la Bacrim judicial.
Publicado: diciembre 5 de 2017