En la facultad de derecho nuestros profesores nos recalcaron hasta la saciedad que Colombia es un Estado social de derecho, esto con el propósito de que nunca olvidáramos que en nuestro país impera la ley, pero ese mensaje por lo visto nunca lo comprendió Juan Manuel Santos, para quien Colombia es un Estado de deshecho.
Ya no cabe duda que estamos gobernados por el caos y el desorden, y de eso se ha encargado el propio presidente de la República, jamas logramos imaginar que la tridivisión del poder de la que habló Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes, encontrara fin durante el actual gobierno.
Al presidente Santos no le bastó con hacerse reelegir utilizando el fraude, luego de eso continuó engañando a los colombianos y a la comunidad internacional con la pantomima que armó en La Habana, para beneficio de los mayores criminales que ha tenido nuestro país. Prometió una y mil veces que ese acuerdo artero con las Farc no sería impuesto a la fuerza, sino que por el contrario, lo llevaría a las urnas para que fuera el pueblo quien tomara la decisión de si lo avalaba o no; como es de publicó conocimiento, la mayoría de los colombianos votaron en contra el pacto habanero.
Luego de eso el presidente le cedió el turno del deshonor al Congreso de la República, que con base en un concepto del Consejo de Estado, decidió echar al traste la voluntad del pueblo soberano y darle paso a los caprichos de Santos y su camarilla. Para aprobar todos los desafueros del acuerdo utilizaron un mecanismo al que denominaron Fast Track, con ese instrumento abyecto tramitaron de manera veloz todo aquello a lo que el pueblo le dijo NO el 2 de octubre.
Pero ya cuando el mal parecía consumado se presentó un obstáculo con el que primer mandatario no contaba, la mermelada escaseaba cada vez más y sus paniaguados no actuarían sin antes recibir un pote del deshonroso producto. A Santos le faltó leer El otoño del patriarca, o que por lo menos alguien le dijera que ya tenía el sol a sus espaldas.
Así las cosas los congresistas empezaron a tomar distancia con los elementos de mayor protuberancia de peligro en el acuerdo, la JEP por poco y se hunde en las cámaras legislativas, la protección del derecho sagrado de los niños encontró eco en el congreso y las 16 circunscripciones especiales que supuestamente eran para las víctimas no lograron cruzar los requisitos legales para su aprobación.
Hagamos una digresión de análisis básico, si esas 16 curules fueran para las víctimas y no para las Farc -como realmente lo son-, entonces por qué no asignarlas de manera directa, así como hicieron con con las 10 curules que tendrán los guerrilleros de las Farc durante el próximo cuatrienio legislativo.
Luego de esto volvamos al meollo del asunto, el proyecto de ley que contenía las 16 circunscripciones especiales no logró los votos que requería para su aprobación, Santos y su Ministro del Interior salieron a toda marcha para intentar confundir las matemáticas, que si en algo se caracterizan es en ser exactas. Por ventura se encontraron con que el Presidente del Congreso hizo gala de sus principios conservadores e impidió que claudicara el Estado de derecho.
Pero al mejor estilo de la Venezuela de Maduro, Santos apeló al poder de los jueces para hacerse con las suyas; y el mismo Consejo de Estado que castiga a diestra anulando la elección del ex Procurador Alejandro Ordóñez y manteniendo la inhabilidad de Fernando Londoño, al tiempo que favorece a siniestra tumbando las inhabilidades a las cabezas de la izquierda Petro y Cordóba, nuevamente emitió un concepto, con el que benefició las circunscripciones para las Farc y de esta forma dejó servido el camino para que cualquier juez tumbe la decisión del Congreso de la República.
Queda claro, Colombia es un Estado de derecho en la teoría y un Estado de deshecho en la practica.
Publicado: diciembre 13 de 2017