Si el presidente Santos aprueba ilegal y tramposamente las 16 curules para las Farc, estará dando un golpe de Estado.
Cuando se escriba la historia del gobierno de Santos, en ésta el adjetivo “tramposo” será el que más se repita.
Haciendo trampa llegó a la presidencia en 2010, cuando engaño a más de 9 millones de colombianos a los que les aseguró que él sería el presidente que le daría continuidad a las ideas del presidente Uribe.
La elección de Santos fue, en la práctica, un plebiscito popular en el que los ciudadanos mayoritariamente votaron por un nuevo periodo de Uribe en cabeza de Santos, quien se presentaba como la persona que mantendría a Colombia por el rumbo de la Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.
Una vez en el poder, empezó a cocinar una nueva trampa, esta vez contra el tirano Hugo Chávez.
Consciente de que necesitaba del sátrapa venezolano para sentarse a conversar con la banda terrorista de las Farc, no dudó un instante en declarar que él era su “nuevo mejor amigo”.
Tramó al régimen venezolano, sacó lo que quiso y luego, como es natural en él, los traicionó.
Hizo trampa en el plebiscito, desconociendo abusiva y alevosamente la voluntad de la mayoría de electores que le dijeron NO al acuerdo entre él y el narcotraficante alias Timochenko.
Con trampa, hizo que la corte constitucional aprobara el fast track para efectos de convertir al congreso en un convidado de piedra, en un “firmón” de sus iniciativas.
Faltando pocas horas para que extinguiera el plazo de 6 meses que le dio la corte para implementar ese mecanismo abreviado y abiertamente contrario al espíritu de la Carta, el proyecto que buscaba implementar 16 curules para las Farc en la cámara de Representantes se hundió, como todo el país sabe, por falta de votos. Aquello quedó confirmado por el propio presidente del senado, Efraín Cepeda quien, valga decirlo, fue uno de los principales promotores de dicha iniciativa. A pesar de ello, el congresista, ante la fuerza de las evidencias, tuvo que ceñirse a la ley y decretar que, efectivamente, el proyecto no obtuvo el respaldo mínimo que ordena la constitución y la ley.
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Fiel a su talante abusivo e irrespetuoso frente a las decisiones que le son adversas, Santos busca pasar por encima del Senado, en lo que constituiría, sin lugar a dudas un verdadero golpe de Estado. En un sistema, donde impera la separación de poderes, ni la rama judicial ni el Ejecutivo pueden desconocer una decisión democrática adoptada por el Congreso.
No puede el gobierno, a través de acciones de cumplimiento ni de llamados a la corte constitucional, reversar una decisión irrevocable del senado. De hecho, la corte constitucional no tiene nada que decir en este asunto por una razón potísima: al no haber sido aprobado el proyecto, éste no existe, ergo no pude ser susceptible de ningún tipo de control constitucional.
Lo que el presidente haga, será ilegal y por ende ilegítimo.
Le corresponde entonces al Congreso de la República, que a lo largo de estos años ha estado mayoritariamente arrodillado ante la voluntad de Santos, proceder a hacer respetar su independencia. Permitir que el gobierno haga una nueva trampa, se traducirá en la liquidación de lo poco que queda de la democracia de nuestro país.
No puede la rama legislativa del poder, aceptar que el tramposo que rige los destinos de la nación, imponga su voluntad, contrariando el resultado de una votación en el Senado.