El gobierno no ha ahorrado esfuerzos para meter a la fuerza las 16 curules que exige la banda terrorista Farc.
El gobierno, en cabeza del ministro del Interior, el putumayense Guillermo Rivera, ha intentado todas las maniobras tramposas para salvar las 16 curules que las Farc pretenden obtener en la cámara de Representantes.
La primera acción, consistió en enviar una carta en tono desafiante al presidente del Senado, Efraín Cepeda en la que se le ordenaba remitir el proyecto improbado para su promulgación, hecho que evidentemente no ocurrió pues la mesa directiva del Senado, adoptó el criterio del secretario general de esa corporación, en el sentido de que no se habían alcanzado los votos mínimos suficientes.
Luego, el gobierno empezó a mover la manida tesis de que el quorum del senado es de 99 y no de 102 congresistas, todo para justificar que los 50 votos depositados a favor de la iniciativa alcanzaban para la aprobación de las 16 curules de las Farc.
Viendo que aquello no prosperó, recurrieron a la más burda de las estrategias. Llamaron a un contratista del ministerio del interior, que además es coterráneo del ministro Rivera –en el Putumayo todo el mundo se conoce- a quien le ordenaron presentar una exótica acción de tutela, la cual, milagrosamente cayó en el despacho de la juez 16 administrativa de Bogotá, Catalina Díaz, quien prevaricó alevosa y gravemente al fallar a favor del accionante, ordenándole al presidente del Senado que “de manera inmediata envíe el texto del acto legislativo 07 de 2017 y luego de ello prosiga su trámite ante la corte constitucional”.
Aquella decisión, además de absurda, sienta un antecedente nefasto, pues a través de acciones de tutela no se puede reemplazar el poder constituyente derivado que tiene el Congreso de la República. La acción de tutela se creó para salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos y sus efectos no pueden ser erga omnes. Cada caso debe evaluarse de forma individual. En criterio de la excontralor Sandra Morelli, “en pocos casos es tan claro un prevaricato, incluso sin leer la decisión adoptada… Ese fallo de tutela sustituyó al legislador elegido popularmente por el pueblo, con lo que quebró el principio democrático representativo y no sólo la separación de poderes”.
Como es natural, tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, se opusieron a esa decisión, manteniéndose firmes en la defensa de la separación de poderes que impera en nuestro régimen republicano.
Desesperados, desde la Casa de Nariño golpearon las puertas de la corte Constitucional, mayoritariamente santista. Pretendían que ese tribunal adelantara el estudio de constitucionalidad del proyecto. De tal tamaño es la ilegalidad propuesta por el gobierno que la mayoría de la corte -7 magistrados-, la cual es eminentemente santista, concluyó que ese órgano no tiene competencia para examinar el caso. El motivo salta a la vista de todos: la corte constitucional no puede hacer un examen de exequibilidad frente a un acto legislativo que nunca ha visto la luz, pues este no fue aprobado por el legislador.
Llama poderosamente la atención que magistrados de la entraña santista como Cristina Pardo y Alejandro Linares hayan votado en contra de las brutales pretensiones del presidente de la República.
Pero este es un régimen tramposo que no da su brazo a torcer. En vez de aceptar la realidad con dignidad y resignación propia de los actores legítimos de una democracia, siguen intentando meter a las malas, a través de acciones judiciales, las curules que tanto le interesan a las Farc.
Resulta inadmisible que además del daño que las Farc le hicieron a lademocracia con sus fusiles y explosivos, se sume el gobierno de Santos, apelando a medidas judiciales que en el fondo buscan liquidar la menguada separación de poderes de nuestro país.
Publicado: diciembre 14 de 2017