Como acto contra la democracia, la Corte Constitucional, propinó esta semana un golpe que acabó con el estado de derecho.
Gracias al timorato gobierno de Juan Manuel Santos, al apoyo de las corruptas cortes y a la notaria que tenemos por congreso, esta semana se aprobó la JEP, haciendo que para las Farc los colombianos de bien pasáramos de ser objetivo militar a ser objetivo jurídico.
Como un acto de barbarie contra la democracia, la mayor cortesana y amiga del terrorismo, la Corte Constitucional, propinó esta semana un golpe que acabó con el poco estado de derecho que nos quedaba en esta república, legitimando la JEP como instrumento para perseguir a la oposición y para legitimar los actos de barbarie del grupo narcoterrorista Farc.
La misma Corte que dijo que el plebiscito del 2 de octubre era de carácter vinculante y que se debía respetar la voluntad popular, fue la que en un acto, que podríamos tildar de chavista, se saltó su propio mandato y sus órdenes para: primero, desconocer al constituyente primario; y segundo, imponer la voluntad de las Farc y de Juan Manuel Santos.
Acto seguido, en una escena de indebida presión protagonizada por la Procuraduría de Carrillo y la mermelada marca “Casa de Nariño”, el Senado de la República, electo para representar a los colombianos, olvidó esta premisa y aprobó la existencia de los tribunales del odio y de la venganza.
Sin duda, la Cámara de Representantes, que no es más que la representación de los senadores en las regiones, hará lo propio. Para ser más claro: lo impropio a favor siempre del terrorismo.
¿Hasta dónde nos va a llevar este corrupto gobierno?
Para terminar. La cereza del pastel de las altas cortes estuvo a cargo del Consejo de Estado. No quiso quedarse atrás en la entra del país a la izquierda y habilitó al exterrorista del M-19 Gustavo Petro para ser candidato presidencial.
¡Adelante, compañeros de las cortes!
¡Que se termine de imponer el Socialismo del Siglo XXI en Colombia!
Publicado: noviembre 18 de 2017