He estado de acuerdo que quien se haya levantado en armas pueda llegar al Congreso bajo el cumplimiento de condiciones.
¿Cómo es que un exguerrillero NO quiere que las Farc hagan política? ¿Por qué NO está de acuerdo en que se les otorguen curules?, Como lo he dicho reiteradamente, soy partidario de que las Farc se reintegren a la sociedad y participen en política con la sola excepción de que quienes sean responsables de delitos de lesa humanidad concurran ante la justicia y después que digan la verdad y reparen puedan hacer política. En el texto actual de la Ley que implementa la JEP lo que se establece es la simultaneidad, es decir que los miembros de las Farc pueden hacer política y ser elegidos (a dedo) aunque no los hayan llamado a la JEP o aunque los hayan llamado y los hayan condenado.
Por esa razón, en una ocasión afirmé que Santos estaba convirtiendo a la rama legislativa en un poder criminal y mafioso porque obligaba a convivir a legisladores con criminales responsables de delitos de lesa humanidad que no han pagado sus penas, así fueran pequeñas como las que establece la JEP (solo hasta 5 u 8 años). ¿En qué otro Parlamento del mundo existe esta convivencia con la ilegalidad y el crimen? Por esta razón es que en la carta universal de los derechos humanos se establece como principio universal la pérdida de derechos políticos para quienes sean responsables de delitos de lesa humanidad.
Así que no es que no esté de acuerdo en que hagan política, siempre he estado de acuerdo que quien se haya levantado en armas pueda llegar al Congreso pero bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, como fue en el caso del M-19 y en el mío propio.
En el origen de todo el proceso de reintegración del M – 19, la voluntad y la decisión de abandonar las armas nos acompañó siempre, no se necesitó negociar durante varios años debido a que llegamos a la convicción de reintegrarnos plenamente a la sociedad y trabajar por mejorar su democracia. Las Farc en cambio, conciben la negociación y “la paz”, lo han dicho reiteradamente, como parte de una estrategia que los debe conducir al establecimiento de un régimen socialista caracterizado por el fortalecimiento partidario censura de prensa, la limitación a la libertad de opinión y también de pensamiento.
¿Cuáles? 1) Sometimiento a las normas vigentes y 2) Ganar participación política por medio del voto popular
A continuación, explico cada una de ellas:
1.- Sometimiento a las normas vigentes
En el caso del M-19, antes de participar en política, todos los actos y hechos en los que participamos (expedientes penales) fueron sometidos a la decisión de los Tribunales Superiores y de orden público y se produjeron fallos inhibitorios, como fue mi caso, ya que no nos encontraron responsables de delitos de lesa humanidad. Fuimos responsables del delito de rebelión (único delito que se puede amnistiar o indultar) y es por esta razón nos dieron el indulto (Ley 77 de 1989)
En el caso del M-19, varios de sus miembros quedaron en las cárceles. Aquí la diferencia con el caso de las Farc es abismal porque les crearon una justicia especial que les está garantizando impunidad (ya deambulan libremente por todo el país sin que hayan concurrido ante ninguna autoridad judicial a responder por los delitos de lesa humanidad).
Hoy se ha construido con los acuerdos de paz, una jurisdicción especial de paz que no protege ni dignifica a las víctimas.
2.- Ganar participación política por medio del voto popular
En el caso del M-19 nadie nos regaló nada, no hubo tratamiento privilegiado. A los dos días de haber firmado el acuerdo de paz, el 11 de marzo de 1.990 Vera Grave y yo fuimos elegidos por 78.000 electores como Representantes a la Cámara sin ninguna ventaja y en condiciones de “igualdad” (desigualdad) respecto a los partidos tradicionales expertos en clientelismo, politiquería y compra de votos. Luego, con amplio respaldo popular elegimos la tercera parte de la Asamblea Nacional Constituyente y en seguida, con el respaldo de un millón doscientos mil votantes, fuimos elegidos al Congreso.
La diferencia es clarísima con las Farc a ellos les regalan 10 curules a dedo y 16 más denominadas circunscripciones especiales de paz, mientras que nosotros nos ganamos el respeto y el respaldo de amplios sectores populares porque fuimos consecuentes con la institucionalidad vigente y decidimos trabajar por el mejoramiento de la débil, raquítica e imperfecta democracia colombiana.
Una última reflexión.
Antes de firmar la Paz en 1.990 le dijimos a las Farc que insistir en el camino de la guerra y la violencia para alcanzar una supuesta sociedad “justa e ideal”, significaría degradar a la sociedad sometiéndola a pagar un precio muy alto de sangre que es lo que en la legislación internacional se conoce como los delitos de lesa humanidad. Desde 1.991 hasta finales del 2.016, las Farc cometieron más de 10.000 secuestros, reclutaron más de 8.000 menores de edad, asesinaron más de 15 mil personas, instalaron minas quiebrapatas las cuales asesinaron o les causaron la amputación de miembros a cientos de campesinos, ejecutaron más de 13.000 atentados contra la infraestructura del país, en los que se encuentran varios oleoductos causando la contaminación de buena parte de la riqueza hídrica y ambiental de Colombia.
El hecho de haber desatendido nuestra advertencia oportuna hace 25 años, ¿qué implica para ellos?, ¿una responsabilidad ética?, ¿moral?, ¿política?, ¿jurídica? ó ¿ninguna de las anteriores? No es entonces, un simple problema el que puedan acceder o no a unas curules en el Congreso, el asunto es mucho más de fondo e implica una verdadera toma de posición.
Publicado: noviembre 11 de 2017