El superintendente de Industria y Comercio creyó que puede pasar por encima de todo y de todos, pisoteando la ley.
El superintendente de Industria y Comercio creyó que puede pasar por encima de todo y de todos, pisoteando la ley y los derechos de los ciudadanos.
Rodeado por personas como el cuestionado exfiscal de la era Montealegre y Perdomo, Juan Vicente Valbuena Niño, Robledo adelanta investigaciones contra industriales, sin respetar los límites que le impone la ley.
La propia corte constitucional, a través de un fallo de tutela del pasado 24 de julio, tuvo que recordarle a Robledo que él está obligado a cumplir sus funciones como superintendente, ajustándose a las leyes colombianas, algo que él claramente no tiene interés de hacer.
En dicha tutela, la magistrada Diana Fajardo le advirtió a la superintendencia de industria y comercio que “en el ejercicio de sus facultades administrativas en materia de protección al consumidor, no puede adoptar ninguna medida que implique el control previo sobre información independiente del medio por el que se transmita-, y que únicamente puede adoptar responsabilidades ulteriores, en el marco de las cuales se deben respetar los derechos fundamentales de los implicados, lo que incluye el debido proceso administrativo”.
Guiado por los procedimientos abusivos y abiertamente ilegales que empleaban Montealegre y Perdomo, el superintendente Robledo se arrogó facultades de policía judicial que no tiene para perseguir a los empresarios colombianos, particularmente a aquellos que de una u otra forma han tenido posiciones críticas con el gobierno de Santos.
- Al respecto, lo invitamos a leer nuevamente El policía político.
Muchos empresarios han expresado su malestar por los espectáculos mediáticos que ha montado el superintendente quien le ha dado por acusar a los industriales que caen en su mira de ser miembros de “carteles”, afectando de manera gravísima su buen nombre, pues la connotación de la palabra “cartel” es puramente criminal.
Ahora, Robledo amenaza con ahuyentar del país a muchas firmas extranjeras dedicadas a la auditoría a las cuales les ha anunciando la imposición de multimillonarias e impagables sanciones.
Uno de los motores del desarrollo y del progreso de un Estado es, precisamente, la seguridad para la inversión de capitales. En tiempos de evidente desaceleración económica, el gobierno de Santos, a través de la policía política en la que se convirtió la SIC en general y el superintendente Robledo en particular, literalmente está asfixiando a los inversionistas que más pagan impuestos y que generan el mayor número de empleos en Colombia.
Resulta muy difícil generar un clima de confianza para la inversión en un país en el que los empresarios deben pagar los tributos que les impone la ley y paralelamente son objeto permanente de multas exorbitantes, impuestas con criterios puramente políticos por los órganos de inspección y vigilancia.
El exabrupto más reciente del superintendente Robledo tiene que ver con la amenaza que lanzó contra las empresas que se han opuesto pagar facturas a compañías del denominado factoring. Un empresario es libre de comprarle al proveedor que desee, pero también es libre de aceptar o no el pago a un tercero. Ejemplo: si un fabricante de zapatos, le compra el cuero a un productor, no tiene por qué pagar la factura a una empresa de Factoring que tenga cuestionamientos legales, pues éste terminaría vinculado innecesariamente con la misma, poniendo en grave riesgo su propia reputación comercial.
Las superintendencias son entidades técnicas, que obran con criterios objetivos, sin estar guiadas por patrones políticos. Durante el gobierno de Santos, estas entidades se convirtieron en fortines politiqueros desde los que se persigue a quienes de manera libre no se rinden ante los caprichos de la Casa de Nariño.
Publicado: noviembre 15 de 2017