Farc temen que del mismo modo que Santos dio la espalda a Uribe, se vuelva ahora en contra de ellas.
Los defensores de los acuerdos con las Farc destacan la entrega de armas y la desarticulación de los frentes guerrilleros, así como la reducción del índice de homicidios en el país, como aspectos positivos de los mismos.
No les faltan razones. Pero las cosas deben examinarse en su contexto. Al lado de los activos hay que anotar los pasivos y, como en la contabilidad de hace algunos años «las cuentas de orden por contra», es decir, los imponderables.
El abrumador crecimiento de los cultivos de coca, que nos convierte de hecho en un «Narcoestado», y el tamaño de las disidencias de las Farc, junto con lo que ha registrado la prensa en estos días sobre el bajo nivel de cumplimiento de lo acordado por parte del gobierno, son, desde luego, aspectos negativos que no contribuyen a generar optimismo sobre los resultados del NAF.
Se ha abierto ahora una grave discusión sobre la JEP, que es, por así decirlo, la columna vertebral de los acuerdos, a raíz de un fallo reciente de la Corte Constitucional cuyos pormenores todavía no están a nuestra disposición, y del proyecto de ley estatutaria que está en su fase final en el Congreso y deberá definirse antes del 30 de este mes.
Conviene recordar que el tema de la responsabilidad penal de los integrantes de las Farc por sus innumerables delitos cometidos a raíz de su rebelión contra el ordenamiento legítimo de la República de Colombia, muchos de ellos de extrema gravedad y susceptibles de caer bajo el control de la CPI, tenía atrancadas las conversaciones de La Habana. A raíz de ello, el gobierno dejó de lado a sus negociadores y se integró una comisión de la que hicieron parte Juan Carlos Henao, Manuel José Cepeda, Álvaro Leyva y Enrique Santiago, para que en el estrecho límite temporal de un fin de semana elaborase una propuesta llamada a superar el escollo.
Esto nos da una idea de la ligereza y la consiguiente irresponsabilidad con que el gobierno adelantó este proceso. Un asunto de enorme magnitud, preñado de complejidades, en el que se decidía sobre temas fundamentales de la ordenación institucional de la República, se resolvió a las volandas, dejando de lado pormenores de vital importancia que son ahora tema de discusión en los distintos escenarios colectivos. Entonces vienen, como dice el Evangelio,»el llanto y el crujir de dientes», cuando la sociedad colombiana empieza a darse cuenta de las implicaciones de ese engendro concebido en una aventura de «week-end».
Las Farc creían haber tomado el sartén por el mango con este y otros acuerdos que parecían darles ventajas exorbitantes para aventurarse a la ansiada toma del poder, ya no por la fuerza de las armas, sino por medios institucionales estipulados a espaldas del pueblo y en contra de su voluntad que se expresó en el plebiscito del dos de octubre del año pasado.
Pero el fallo de la Corte Constitucional y lo que se espera que salga del Congreso en estos días les están aguando la fiesta. De ahí sus airadas protestas que se aúnan a la amenaza de dar por terminado el proceso de paz si no se atienden sus reclamos.
Bien dice el vulgo que «de la carrera no queda sino el cansancio». Santos estaba urgido de firmar el acuerdo con las Farc antes de la adjudicación del Premio Nobel de Paz que venía gestionando y para cuyo evento había ordenado desde hacía varios meses que se acondicionara un avión en el que pudiera viajar a recibirlo, tal como lo informó la prensa en su debida oportunidad. La precipitud con que obró le hizo perder todo control sobre la marcha de los acontecimientos. Quedó en manos de las Farc y para darles gusto se atrevió a desconocer los resultados del plebiscito, dando lugar así a un auténtico golpe de estado que trajo consigo el desquiciamiento de nuestra endeble institucionalidad. Esta quedó como «un viejo mueble descolado», según diría el pintoresco «Negro Cele», autor del famoso «Mano a Mano».
De ahí en adelante, todo ha acontecido a través de una seguidilla de burlas a la Constitución, como las que acaba de infligirle la Corte Constitucional al desconocer, sin asomo alguno de vergüenza, para este caso su discutible tesis sobre el juicio de sustitución de aquella, con lo que impidió la segunda reelección del presidente Uribe Vélez y la creación de una Comisión de Aforados para controlar los desafueros de las altas Cortes.
Insisto en que la argumentación jurídica carece de toda relevancia para lo que hoy se debate en el país. Estamos bajo un régimen de facto, y las Farc temen que del mismo modo que Santos le dio la espalda a Uribe, se vuelva ahora en contra de ellas y les dé unas amargas sorpresas, ya que saben que es un gobernante sin Dios ni Ley. Por eso están encendiendo las alarmas. Las asusta que de sopetón extraditen a sus capos a los Estados Unidos y acá mismo se hagan efectivas las severas condenas que les ha impuesto la justicia ordinaria.
No sobra recordar que los acuerdos se hicieron con un gobierno tramposo y no con la sociedad colombiana, que aspira a la paz, pero no al precio que tratan de imponer las Farc, sino en términos razonables.
Sobre estos últimos habrá que reabrir la discusión.
Jesús Vallejo Mejía
Publicado: noviembre 23 de 2017