No conozco personalmente al ex ministro Fernando Londoño Hoyos, pero me llama la atención el hecho de que el Consejo de Estado hubiera dejado en firme esta semana la sanción que le impuso la Procuraduría General en 2004.
No voy a entrar a controvertir si el doctor Londoño fue responsable o no de un supuesto tráfico de influencias cuando se desempeñó como ministro del Interior y de Justicia. Lo que me llama la atención es que da la impresión de que el Consejo de Estado administra justicia dependiendo de la militancia política.
A Londoño se demoraron 13 años para resolverle su caso, en cambio a la ex senadora Piedad Córdoba, al ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro y al ex alcalde de Medellín Alonso Salazar salieron a absolverlos rapidito los magistrados del Consejo de Estado.
Dirán que soy muy suspicaz, pero sí es curioso que cuando se trata de políticos de izquierda las pruebas en su contra no valen porque –según han alegado ellos mismos– todo es producto de montajes judiciales y de persecución política por aquello de que los ricos los odian porque luchan por los pobres.
La ex senadora Córdoba, por ejemplo, fue sancionada con destitución por la Procuraduría por unos supuestos nexos poco claros con la guerrilla. Ella nunca ha escondido su simpatía por las Farc. Ella se fotografió oronda con cabecillas de esa guerrilla en momentos en que eran unos fugitivos. A ella, precisamente a ella, las Farc casi siempre le entregaron los secuestrados. Así y todo, ella terminó favorecida con un fallo del Consejo de Estado que la devolvió sana y salva a la vida política.
El caso de Petro es más escandaloso aún. Fue sancionado por el Ministerio Público por el aparentemente mal manejo que le dio al tema de las basuras cuando fungía como alcalde de Bogotá.
¡Pero quién dijo miedo! Petro acudió a todo lo que estaba a su alcance –y a lo que no también– para evitar que la sanción en su contra quedara en firme. Pataleó y desafió el Estado de Derecho. Llenó varias veces la Plaza de Bolívar para arremeter en contra del entonces jefe del Ministerio Público. Finalmente consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terciara en su favor y prácticamente le exigió al gobierno colombiano restituirlo en el cargo.
A punta de mañas judiciales, el ex otrora integrante del M-19 consiguió terminar su período como alcalde de los bogotanos, una gestión entre otras bastante opaca y bien controvertida. Hace poco el Consejo de Estado anuló definitivamente la sanción que pesaba contra Petro seguramente para no truncar sus aspiraciones a la Presidencia de la República en las elecciones del año entrante.
Algo parecido sucedió con el periodista Alonso Salazar. La Procuraduría lo sancionó por presunta participación en política cuando se desempeñaba como primera autoridad de la capital antioqueña. De nuevo el Consejo de Estado salió raudo a anular esa sanción por considerar que la determinación del Ministerio Público había sido desproporcionada.
Entonces, al revisar los casos de Córdoba, Petro y Salazar, no es mera coincidencia que la justicia en Colombia se aplique dependiendo de la militancia política o si se es de izquierda o de derecha.
Para no ir muy lejos algo similar sucedió con el contenido de los computadores del cabecilla terrorista Raúl Reyes, quien fue abatido en 2008 tras un bombardeo ordenado por el gobierno de Colombia en territorio ecuatoriano.
Más de un político –y hasta periodistas– tenían un trato poco claro con el temible Reyes, es decir, un trato que rayaba con el delito. Pues bien, como por arte de magia las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía contra estas personas se fueron cayendo lentamente.
Y como para variar la izquierda, que había cargado con todo contra los llamados parapolíticos, salió a decir en su momento que varios de sus integrantes eran víctimas de montajes y de persecución política por parte del gobierno de turno.
En síntesis, con los computadores de Reyes no pasó nada y, en consecuencia, más de uno pasó de agache. Desde luego que casi todos los parapolíticos merecieron ir a prisión, pero, ¿por qué ese trato tan distinto cuando se trata de nexos con las guerrillas? Es como si fuera un honor ser amigo de las Farc y del Eln. Tan es así que un destacado senador de izquierda lleva años paseándose por las cárceles del país en busca de testigos –en muchos casos falsos– para hacer empapelar a sus enemigos políticos. A ese senador nadie lo toca. Todo el mundo le tiene miedo.
Publicado: diciembre 1 de 2017