Legisladores y magistrados dieron un primer paso para frenar las ambiciones de las Farc. La Corte Constitucional y nuestro Partido Centro Democrático, Cambio Radical y representantes del conservatismo desde el Congreso lograron modificar la Justicia Especial para la Paz (JEP) en beneficio de Colombia, sus instituciones y las víctimas del conflicto armado.
Unas modificaciones necesarias que causaron malestar entre los jefes guerrilleros por dificultar su participación en política, aprobar ciertas inhabilidades para los magistrados electos de la JEP y poner de manifiesto que los civiles involucrados en el conflicto seguirán siendo juzgados por la Justicia ordinaria a menos que voluntariamente prefieran someterse a la ESPECIAL. Dejando en claro –como lo expresó el Fiscal General Martínez-, que no se modificarían los principios del Estado de Derecho para beneficio exclusivo de la guerrilla, aunque estos insistan que la JEP no fue creada para juzgar sólo a los insurgentes involucrados en el conflicto, sino para juzgar a TODOS los autores directos o indirectos de lo sucedido.
Situación que hubiese resultado PENOSA si se parte del hecho de que el grueso de los magistrados electos para juzgar en la JEP han sido abiertos contradictores de la oposición al Gobierno Santos, se caracterizan por tener una clara orientación política de izquierda y salvo los extranjeros, son personas que se han dedicado a desangrar al Estado con demandas por violaciones de Derechos Humanos (DD.HH), a veces reales, otras muy cuestionables.
No podíamos y no se puede dejar en manos de personas tan parcializadas, la investigación, juzgamiento y/o penalización de las víctimas, victimarios, empresarios y supuestos promotores del “paramilitarismo” en un contexto donde probablemente las Farc y sus aliados buscarían revancha contra todos aquellos que NO lograron desplazar, secuestrar o extorsionar.
Debemos apostarle a seguir modificando la JEP hasta que no sea posible que personajes como Timochenko o Iván Márquez piensen en hacer campaña por la Presidencia de la República o el Congreso sin primero rendir cuentas a la sociedad colombiana, sus víctimas y la Justicia.
Para ello será necesario fortalecer nuestras instituciones judiciales y penitenciarias en el mediano y largo plazo. Debemos defender la justicia y lograr con el próximo gobierno nacional y Congreso una reforma estructural que descongestione las Altas Cortes y las cárceles, eleve los requisitos para convertirse en magistrado y simplifique el funcionamiento de la rama judicial para toda la ciudadanía.
Publicado: noviembre 17 de 2017