La comisión de la verdad, será un mecanismo para liquidar moralmente a los que desde la legalidad enfrentaron al terrorismo.
Una de las grandes perversidades del acuerdo entre Santos y la banda terrorista de las Farc, fue la creación de la denominada comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, el cual fue definido como un “órgano extra-judicial que busca conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto…”.
Ese cuerpo será integrado por 11 personas que “deberán inspirar confianza en la ciudadanía”.
Aunque el acuerdo dice expresamente que los integrantes deben ser imparciales, es evidente que quienes harán parte de esa célula, como lo denunció valientemente el general Jaime Ruiz Barrera, presidente de la asociación de oficiales retirados de las Fuerzas Militares, Acore, son personas de la izquierda o en algunos casos de la extrema izquierda.
Resulta inaceptable que ni un solo militar retirado o algún representante de las víctimas de las Farc hayan sido aceptados por el cuestionado comité de selección.
Al leer la lista publicada, se encuentra un mismo patrón en las hojas de vida de las 34 personas seleccionadas entre las que se encuentra Gustavo Gallón, Alfredo Molano, Margarita Uprimny Yepes –hermana del polémico Rodrigo Uprimny- y Mauricio Archila, entre otros.
Todos ellos, antiguos militantes de izquierda y denunciantes consuetudinarios de las Fuerzas Militares colombianas.
Mauricio Archila, quien es investigador del Cinep, en un artículo publicado en junio de 2012 bajo el título Luchas laborales y violencia contra el sindicalismo en Colombia, 2002-2010, escribió que durante el “largo mandato [de Álvaro Uribe] no solo hubo incremento de personal y el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sino también la incorporación de la población civil en la guerra, así como una instrumentalización de los grupos paramilitares en la estrategia antiterrorista… Uribe Vélez desató una verdadera cacería de brujas contra los críticos de su gobierno, que incluían desde militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, dirigentes de movimientos sociales y activistas de ONG de derechos humanos, hasta académicos, jueces y personalidades democráticas. De esa forma buscaba anular la existencia de cualquier oposición civilista”.
Al leer el criterio cargado de mentiras, manipulaciones e imprecisiones históricas, se ponen en evidencia los prejuicios, pero sobre todo el odio y la sed de venganza del “investigador” Archila, quien de ser elegido como integrante de la comisión de la verdad, no ahorrará esfuerzos para desfigurar los hechos con el fin de construir una verdad que sólo existe en su parcializada imaginación izquierdista.
Gustavo Gallón, jefe de la denominada comisión colombiana de juristas, ha sido un furibundo enemigo del ejército colombiano durante su larga trayectoria como supuesto defensor de los derechos humanos. En uno de sus escritos más ácidos contra las Fuerzas Militares, publicado hace más de 25 años, afirmó que “la profundización de la guerra sucia ha influido también en la violencia del enfrentamiento entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas. En efecto, según los datos disponibles de 1988, es sorprendente ver que el número de heridos de la guerrilla durante los enfrentamientos con el ejército fue de sólo 26, mientras que el número de muertos se elevó a 565, aproximadamente 22 muertos por cada herido, lo cual parece indicar la existencia de una estrategia de exterminio por parte de las fuerzas del orden en Colombia”.
Como dato relevante es que dicho artículo, intitulado Diagnóstico de la situación de derechos humanos y derecho humanitario, fue redactado al alimón entre Gallón y Rodrigo Uprimny, cuya hermana también aspira a ser seleccionada como integrante de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.
De entrada, ya se puede saber cuál va a ser criterio que empleará Gallón en la “reconstrucción de la verdad”, poniendo a las Fuerzas Militares y la policía en el papel de victimarios frente a los guerrilleros a los que él trata en sus documentos con cuidado casi reverencial.
Nadie puede llamarse a engaños: esa comisión no será para enaltecer la verdad, sino para dibujar una caricatura de la misma, la cual servirá para liquidar política y moralmente a todos los héroes, militares y civiles, que dedicaron su vida a enfrentar y combatir el desafío criminal de la banda terrorista de las Farc.
Publicado: noviembre 9 de 2017