El gobierno, a través de sus medios de comunicación aliados, está ambientando un nuevo golpe contra la democracia.
Ante las evidentes dificultades que tiene la denominada jurisdicción especial de paz para ser aprobada en el congreso, dado que la unidad nacional ha sido desmantelada luego de que Cambio Radical marcara distancia del gobierno, Santos, acostumbrado a pasarse por la faja los preceptos democráticos, está explorando la posibilidad de aprobar la JEP a través de un decreto.
Para ello, se ha empezado a hablar de un supuesto “estado de conmoción interior” con base en el cual, el presidente podría legislar a punta de decretos. El problema es que según Santos, gracias al acuerdo firmado entre él y alias Timochenko, Colombia es un remanso de paz y tranquilidad, así que le quedará difícil falsificar el motivo de la conmoción, la cual es definida por la constitución a través del artículo 213.
La Carta indica que “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogables hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República…”.
Para justificar la inminencia del atentado contra la estabilidad institucional, ¿Santos esgrimirá el manido argumento de que las Farc dinamitarán a las ciudades de Colombia si no se aprueba la JEP? En la campaña plebiscitaria, el presidente constriñó y amenazó a los ciudadanos con el cuento de que la guerrilla asesinaría a miles de colombianos en las ciudades del país si el acuerdo no era aprobado en las urnas.
La corte Constitucional le concedió al gobierno 6 meses para que sacara, vía Fast Track, todas las normas que requería para implementar el acuerdo ilegítimo e ilegal que se firmó con los terroristas de las Farc, en contra de la voluntad de la mayoría ciudadana.
Si el gobierno y su incompetente ministro del Interior, el putumayense Guillermo Rivera no fueron capaces de evolucionar el paquete normativo en ese periodo, la culpa es del Ejecutivo, pero sobre todo de Rivera que parece estar más preocupado por corromper alcaldes en distintos pueblos para que respalden la aspiración presidencial de su jefe político, Juan Fernando Cristo.
Santos, que se pasó por la faja el resultado del plebiscito e impuso a las malas un acuerdo que no goza de la aprobación ciudadana, ahora no puede pisotear el resto de instituciones falseando una conmoción interior.
Bajo un argumento cualquiera, la Casa de Nariño puede inventarse una crisis. El oscuro asesor de seguridad de Santos, Juan Carlos Restrepo, un hombre siniestro que juega a Rambo y que tiene un verdadero arsenal escondido su casa –no se sabe si con amparo legal-, puede recrear una crisis que sirva de sustento para redactar el decreto que le concederá facultades legislativas al presidente, con las que implementaría a la JEP, figura que fue rechazada por el pueblo en las urnas y que el Congreso –cuyas mayorías han sido sobornadas por el gobierno nacional- tampoco se ha atrevido a votar favorablemente.
La corte Constitucional, que ha sido una cortesana del gobierno y que ha cumplido a cabalidad las órdenes que emanan de la Casa de Nariño, no puede admitir una declaración de conmoción interior. No hay un motivo real que la sustente. Permitir que Santos quede facultado para hacer leyes, es, en la práctica, abonarle el camino para que Colombia quede subsumida bajo el mando de un sucio dictador.
Publicado: noviembre 7 de 2017