Las negociaciones entre las Farc y el gobierno Santos se instalaron oficialmente en el 2012 y se clausuraron en el 2016. Durante cuatro años conversaron de lo divino y lo humano centrándose especialmente en los temas de interés para las Farc como la participación política, la JEP, la prohibición de la aspersión aérea de los cultivos ilícitos, la política de tierras etc., dejando convenientemente por fuera los temas fundamentales para las víctimas y en general toda la sociedad colombiana. En el aniversario de la firma del Teatro Colón brevemente analizaré dos de los temas que se quedaron por fuera del acuerdo:
Crímenes contra los menores de edad: El artículo 44 de la Constitución Nacional dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de todos los demás. También dice que cualquier persona puede exigir de las autoridades competentes su cumplimiento y la sanción de sus infractores. Lo que no dice es que a unos niños se les podrán amparar sus derechos y a otros no, dependiendo de quién sea su victimario.
No sé qué burundanga les habrán dado a los negociadores del gobierno en La Habana que hizo que se les olvidara por completo que los derechos de los niños gozan de una especial protección por parte del ordenamiento legal. Tampoco sé si alguien les recordó que el Tratado de Roma obliga al Estado a hacer justicia contra los delincuentes de lesa humanidad especialmente a los enfermos sexuales que violaron a miles de niñas y niños que fueron robados del seno de sus hogares. Esos mismos negociadores nos insisten en que la JEP está para juzgar a estos criminales, pero la verdad es que ésta NO garantiza que la justicia sea efectiva porque su misma esencia no es condenar sino sancionar (palabras mágicas que les permite a las Farc acceder a la elegibilidad política).
Si reconocen sus crímenes no conocerán el interior de una cárcel.
Los áulicos defensores de la JEP insisten en que sólo mediante ese mecanismo conoceremos la verdad de lo que sucedió en el conflicto. A ellos les digo: no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír. La verdad es evidente y está en boca de las mismas víctimas y no en la de sus victimarios que harán o dirán lo que sea para garantizar su impunidad.
Cláusula de no cumplimiento: Se nos dijo que en aras de la paz nos tendríamos que tragar unos sapos. Si entendemos el acuerdo como una transacción, donde una parte da y la otra recibe, la paz equivaldría a que no nos sigan matando, secuestrando y extorsionando, y los sapos serían las curules, la impunidad y las prebendas en general. A pesar de que los colombianos dijimos que no estábamos dispuestos a pagar ese precio por una malentendida paz, Juan Manuel Santos creyéndose un iluminado, le hizo conejo a la democracia y firmó el acuerdo.
Lo que no estableció el acuerdo fue una cláusula penal o de cumplimiento que comprometerían a Timochenko y compañía a que un número mínimo de guerrilleros permanecieran fieles a su compromiso de no matar, secuestrar, reclutar, extorsionar etc. so pena de perder el oro y el moro que les ofreció Santos.
Esta semana la ONU prendió las alarmas y dijo que el 54% de los guerrilleros habrían abandonado las zonas veredales. ¿Que pueden estar haciendo esos guerrilleros fuera de esas zonas? No lo sabemos, porque el gobierno que tiene la obligación de hacer el seguimiento no lo ha hecho y solo ha respondido con evasivas y suposiciones como que “deben estar en sus casas”.
Concluir que la mayoría de ellos están volviendo a sus actividades delictivas no es descabellado. La realidad es que el negocio de la droga está en su mejor momento y si de algo saben es de ese negocio, ni hablar de las otras actividades como la extorsión rampante. Así como a un jugador de futbol le es indiferente para qué equipo juegue mientras le paguen bien y lo dejen jugar, a los bandidos no les importa bajo qué franquicia delincan mientras estén delinquiendo y estén bien remunerados.
Si a un año de la firma del acuerdo 1.400 guerrilleros están en las disidencias y otros tantos de miles más están desaparecidos, habremos pagado un gran precio para que 26 criminales, el secretariado de las Farc, salgan de la clandestinidad del monte para acceder al poder político de Colombia.
Publicado: noviembre 24 de 2017