“Estos escaños, seguramente, terminarán en manos de los victimarios”
Sobre el tamaño y la representación del Congreso mucho se ha discutido. Si debemos convertirnos en un sistema parlamentario; si debe haber una sola cámara; si la composición del Legislativo debe obedecer a criterios poblacionales o regionales; si la división político administrativa del país es una división arbitraria de feudos electorales en contra de la espontánea naturaleza de las regiones; si las minorías están representadas o no… A esa vieja discusión, ahora se suma la representación de las FARC y de las víctimas en el Congreso.
Bajo la errada concepción de que los problemas de una región o de un sector de la sociedad se resuelven aumentando su representación en el Legislativo, el gobierno Santos acordó con las Farc entregarles diez curules en el Parlamento. Así mismo, acordaron crear dieciséis curules más para las víctimas, a través de la creación de circunscripciones electorales para la paz, en regiones azotadas por la violencia.
En lugar de reducir el Legislativo, Santos resolvió aumentarlo en 26 curules, así como aumentó la nómina del Ejecutivo en 19.000 nuevos cargos de planta y 80.000 contratos de prestación de servicios, al tiempo que creó el sistema de Justicia Especial para la Paz con 51 nuevos magistrados, en igualdad de condiciones con los magistrados de las altas cortes.
No sé si el cogobierno, de Santos y las Farc, cree que aumentando el tamaño del Estado será más eficiente en la resolución de los problemas del país, o si buscan tener más cargos y contratos para repartirse. Me inclino por la segunda opción, esa parece ser una política sistemática de este Gobierno.
El Ejecutivo ha utilizado a las víctimas como fachada para darle a las Farc una representación adicional en el Congreso. Las nuevas circunscripciones corresponden a zonas históricamente controladas por las Farc, hoy por sus “disidencias”. Las víctimas de las Farc, y de otros grupos criminales, han sido desplazadas, han tenido que migrar a las ciudades o a las cabeceras municipales buscando sobrevivir. Las víctimas ya no están allá.
Los pobladores de dichas zonas, sometidos por las Farc, podrán votar por un candidato a la Cámara de la circunscripción y por otro candidato del departamento. Es decir, tendrán dos votos a la misma corporación -la Cámara de Representantes-, ventaja que no tendremos los demás colombianos, y muchos menos las víctimas que hoy viven lejos de sus hogares. El Gobierno, en virtud del acuerdo, está rompiendo con un principio fundamental de la democracia: un ciudadano, un voto. Y vulnerando el derecho a la igualdad de la mayoría de los colombianos que no podemos votar dos veces.
Estas curules, seguramente, terminarán en manos de los victimarios, dándoles más poder político, que se sumará al poder territorial de la violencia y del dinero del narcotráfico. Esto es una revictimización de las víctimas que ahora tendrán que soportar la desgracia de ser “representadas” por sus victimarios. En la práctica, las FARC, sin representación popular y sin legitimidad para representar a los colombianos, tendrán en la Cámara 21 curules, una representación superior a la que hoy tiene el Centro Democrático, un partido político que en las elecciones parlamentarias obtuvo más de 2 millones de votos.
Publicado: noviembre 17 de 2017