Bienvenida la sanción social: los terroristas de la banda Farc son unos asesinos y se hace necesario recordárselos a diario.
LOS IRREVERENTES, a través de uno de sus sondeos en Twitter, le preguntaron a sus seguidores si estarían dispuestos a gritarle “asesino” a un terrorista de las Farc. 5.763 personas participaron en el sondeo y el 77% dijo que sí, mientras que el 23% respondió que no.
Esta pregunta se hizo en el marco del debate que se generó luego de que un congresista del Centro Democrático, hubiera increpado a alias Jesús Sántrich en plena sesión de la comisión primera de la Cámara de Representantes, a la que ese cabecilla de las Farc llegó como si se tratara de un ciudadano común y corriente.
En tono airado, el parlamentario uribista, que como es perfectamente entendible se oponía a que ese delincuente integrara e interviniera en dicha sesión, le enrostró al terrorista su condición de asesino.
La indignación de aquel legislador es compartida por millones de colombianos que se oponen a que una banda de criminales y genocidas queden impunes y que de la noche a la mañana hayan sido convertidos, en contra del sentir popular, en un grupo político perfectamente legitimado, sin que sus cabecillas respondan penalmente por todos y cada uno de sus delitos.
A falta de justicia, buena es la sanción social. Que esos delincuentes no crean que el generoso acuerdo que Santos les regaló incluye el sometimiento de la sociedad colombiana que el 2 de octubre votó en contra de la impunidad con que fueron cobijados y que seguramente volverá a hacerse sentir en las elecciones del año entrante, votando por congresistas que se opongan a todos los abusos que fueron pactados e implementados arbitrariamente y por un candidato presidencial que llegue a poner orden en la casa frente al desbarajuste institucional que creó Juan Manuel Santos.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los de las Farc no solo son asesinos. También son unos mafiosos, violadores, secuestradores, terroristas. En fin, todos y cada uno de los miembros de esa banda delincuencial tienen a cuestas buena parte de los tipos penales contemplados en nuestra legislación.
Así como merece todo el aplauso las recriminaciones ciudadanas contra funcionarios o exfuncionarios involucrados en actos de corrupción, igual respaldo debe dársele a aquellos que se encarguen de señalar a los delincuentes de las Farc que quedaron impunes, a pesar de la gravedad de sus delitos.
Ese es el costo que hay que asumir por haber firmado un cheque en blanco a favor de esa guerrilla. La impunidad no solo hiere de forma directa a las víctimas, sino que estimula la crispación social.
Se advirtió repetidamente y Santos hizo oídos sordos. En el plebiscito, la mayoría expresó su desacuerdo y, a pesar de ello, el presidente resolvió, amparado por el Nobel y respaldado por el poder terrorista de las Farc, robarse el resultado de dicha votación. La impunidad en vez calmar los ánimos, los agita y agudiza la polarización.
El asesino Sántrich, que además de pavonearse por todo el país desafiando a la comunidad, amenazando e intimidando a sus críticos, se está encargando de ponerle más combustible al fuego. Con todo el cinismo, anunció que emprenderá acciones penales contra el congresista que lo llamó asesino en la cámara de Representantes.
Conociendo los antecedentes de corrupción en la justicia de nuestro país, lo único que falta es que el parlamentario termine sancionado y hasta encarcelado por cantarle unas cuantas verdades en la cara a uno de los peores asesinos de nuestra historia reciente.
Publicado: octubre 17 de 2017