El 13 de junio de 1953 el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla resolvió darle golpe militar al gobierno de la época para tomar las riendas de la nación, interrumpiendo así la tradición democrática de la que nos jactamos los colombinos, casi medio siglo después la Corte Constitucional decidió que los golpes de estado ya no se daban con tanques y cañonazos sino por medio de providencias judiciales.
La Corte Constitucional fue creada mediante la Constitución Política de 1991, su objeto principal es el de salvaguardar la Carta Magna de los colombianos, por ello se dispuso que nueve magistrados se encargarían de velar por la integridad de la ley con que se rigen los destinos de la República, pero la semana anterior sin misericordia alguna la corte le clavó un puñal a la Constitución.
Desde su inicio la el alto tribunal de justicia se dedicó a golpear a la carta política, no fue sino que se pudieran acomodar los señores magistrados en su silla para que iniciaran su labor de golpe a la propia Constitución que les había dado el puesto.
Los magistrados golpistas empezaron a disparar sentencias con las que se ha debilitado la estructura del Estado, entre estás se encuentran algunas bastante conocidas, como aquella en la que se le abrió la puerta al libertinaje de quienes con ignorancia supina lo confunden con la libertad, a ese derecho lo dieron el nombre del “libre desarrollo de la personalidad”, con ese adefesio lo unció que se ha logrado es que nuestros niños y jóvenes se refundan entre los brazos del vicio y la mendicidad.
También recordamos el cañonazo disparado desde la Corte con que se quizo golpear la institución mas férrea de nuestro sociedad: la familia, nueve togados decidieron desde sus cómodos despachos en Bogotá que la familia que hemos conocido desde siempre debía variar y fue así como se atentó contra el corazón de la sociedad.
Cómo olvidar aquel disparo contra el derecho en el que se dijo que el mecanismo de tutela sería ampliado a todos los derechos que por conexidad lo permitieran, la carta constitucional fue demasiado clara al expresar cuales son los derechos fundamentales y sobre cual categoría de derechos sería aplicable la acción de tutela; pero el impacto fue tan fuerte que una herramienta novedosa se convirtió en el elemento generador de congestión judicial y en la excusa perfecta para agilizar mediante corrupción casos ya bien conocidos.
Pero lo que sucedió la semana pasada es realmente grave, y aun ante tan delicada situación los colombianos hemos pasado inocentes sobre el tema; mucho hemos criticado que los gobernantes irrespeten la democracia, por ser éste el sistema de gobierno que ha escogido el pueblo soberano, pero lo que es intolerable es que los jueces de Colombia se dediquen a pisotear las instituciones que juraron defender.
El país hace un año rechazó el pacto que acordaron Santos y las Farc, lo hizo a través del segundo plebiscito en la historia de Colombia, pero pudo más el compromiso de Juan Manuel Santos con los narco-terroristas que la voluntad popular, eso fue lo que ocurrió, el presidente de la República se encargó de mover cielo y tierra para que las ramas del poder público actuaran enfiladas en beneficio de su obsesiva empresa.
Estudiamos el derecho con amor y dedicación porque sabemos que es la manera optima para llevar por el camino del orden a una sociedad, pero jamás imaginamos que la maravilla que se nos mostró en la teoría fuese tan distinta a la podredumbre que se ve en la realidad, ¿qué le van a decir los señores magistrados a sus alumnos en la facultad de derecho? ¿que vale más la politiquería que el propio derecho? ¡No señores sean serios, por favor! Ustedes no pueden decidir que los próximos tres presidentes, elegidos de manera democrática, queden prisioneros de un acuerdo entre el gobierno más desprestigiado de la historia en Colombia y los bandidos más sanguinarios de América.
Publicado: octubre 18 de 2017