La deuda que tenemos con los héroes que nos defendieron de las Farc, no podemos pagarla llevándolos a la JEP.
La semana pasada, mi partido pidió que los miembros de la Fuerza Pública no sean llevados a la JEP, tribunal que fue creado para los terroristas de las Farc.
El objeto de esta propuesta es el de crear una sala especial en la corte suprema de justicia que se encargue de juzgar los casos de nuestros soldados y policías, evitando así que ellos sean objeto de investigación por parte de los magistrados elegidos por la guerrilla, la mayoría de ellos antiguos militantes de la extrema izquierda, tal y como se ha podido establecer.
La iniciativa es absolutamente pertinente e inteligente. Produce escalofrío pensar que los casos de los miembros de la Fuerza Pública sean estudiados por personas que hasta hace pocos días laboraron en las instalaciones del cuestionado “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, oficina que durante años enteros se ha dedicado a meter a la cárcel a todos los militares que se les pasa por delante.
Valga recordar que está confirmado que ese colectivo promovió falsos testigos para que declararan en contra del general Uscátegui por el caso de Mapiripán. A pesar de que la justicia probó que dicho colectivo ganó miles de millones a través de esa maniobra en la que la nación tuvo que pagar indemnizaciones por hechos que no ocurrieron, ni uno solo de sus integrantes está tras las rejas. Su condición de “defensores de los Derechos Humanos” se convirtió en una licencia para cometer toda suerte de delitos, entre ellos la defraudación del tesoro público a través de falsos procesos contra el Estado.
Lo hemos dicho hasta la saciedad y los hechos se han encargado de darnos la razón. La “Jurisdicción Especial de Paz”, es un escenario judicial parecido en la forma y en su proceder a los tribunales de la inquisición, en los que se obligaba a confesar delitos que jamás fueron cometidos para evitar largas y duras sentencias. Al final, no importaba el tono de la confesión porque el procesado igualmente terminaba siendo enviado a la hoguera, condenado por una herejía que jamás había cometido.
La estructura de la JEP es en extremo beneficiosa para las Farc y elevadamente perjudicial para los miembros de la Fuerza Pública y para los particulares. Los terroristas concurrirán y privadamente reconocerán que cometieron unos delitos, sin individualización alguna y por supuesto sin tener a sus víctimas como contraparte.
Mientras tanto, los militares deberán reconocer crímenes que no cometieron para salvar su pellejo. Si no cuentan “la verdad” que los magistrados izquierdistas de la JEP quieren y necesitan oír, entonces se exponen a terminar condenados a 20 años de prisión.
El juego es macabro desde todo punto de vista: poner al miembro de la Fuerza Pública en un escenario en el que deberá decir algo que no hizo, significa pisotear su dignidad como ser humano y su honor como militar o policía.
Nos corresponde entonces evitar que ello ocurra. La deuda que nuestra sociedad tiene con los héroes que durante décadas arriesgaron sus vidas para defendernos del desafío criminal y terrorista de las Farc, no puede ser pagada llevándolos a un tribunal ignominioso y canalla como es la JEP.
Publicado: octubre 23 de 2017