Las Farc son enemigas declaradas del Estado colombiano y de los Estados Unidos de América. No obstante, el simplismo político de Enrique y Juan Manuel Santos les hizo diseñar una política que distinguiera como ‘ajenos’ a los Estados y a los Gobiernos. Es decir, los Santos creyeron que las Farc podrían ser amigas de su gobierno aunque siguieran siendo enemigas del Estado colombiano. E, igual, que podían ser enemigas del Estado americano pero amigas del gobierno Obama.
Fue dentro de esa lógica que se firmó el acuerdo del 15 de mayo de 2014 sobre la política antidrogas. Un titular de El Tiempo lo resumió todo: “Farc se comprometen a romper cualquier relación con el narcotráfico. (…) La erradicación manual, clave de acuerdo Gobierno-Farc en La Habana”.
El balance de la vigencia de ese acuerdo es que: 1. Las Farc nunca rompieron con el narcotráfico; 2. Las Farc nunca han permitido la erradicación manual; 3. Al contrario, se han multiplicado por cuatro el número de las hectáreas plantadas.
Tumaco es el epicentro de la política ‘narca’ de las Farc, pero el gobierno Santos cree, por su parte, que Tumaco será el escenario en donde se podrá avanzar en una política conjunta con las Farc. La realidad es que en esa ciudad, las Farc siguieron actuando como si no se hubiese firmado ningún acuerdo distinto a la prohibición de la fumigación aérea y, peor, como si a los Estados Unidos, principal interesado en el desarrollo de ese acuerdo, los pudiesen tratar como a convidados de piedra en el tema del narcotráfico.
Esa situación hizo crisis la pasada semana. Un intento de erradicación manual emprendido por las fuerzas estatales colombianas terminó en un enfrentamiento con campesinos cocaleros dirigidos por las Farc. En la refriega, un grupo armado aprovechó la confusión y masacró a nueve campesinos.
Las Farc no solo no le han escurrido el bulto a sus responsabilidades con su base cocalera de Tumaco sino que tomaron su vocería. Al frente del pulso, por parte de las Farc, están alias ‘Iván Márquez’ y ‘Romaña’; por el gobierno actúa el vicepresidente, general Naranjo.
Las Farc tomaron la iniciativa en twitter y “denunciaron” a la fuerza pública: “está masacrando a los campesinos. Presidente haga parar la matanza”. Minutos después, Iván Márquez dijo: “No hay plata para la sustitución pero sí hay balas para la erradicación. Estos crímenes piden justicia al cielo (…) Presidente, Ministro de Defensa, paren el uso desproporcionado de la fuerza”. Estas frases van acompañadas con fotos tomadas en el escenario de la masacre. Como para que quede claro que las Farc están ahí y que no les interesa que se crea lo contrario.
LOS IRREVERENTES pudieron confirmar con fuentes de la comunidad nariñense que las Farc, en el tema cocalero, están aplicando su famosa política de “combinación de formas de lucha”. Aunque tienen delegado a Romaña como una especie de comisario político que se entiende de tu a tu con las autoridades (fue la primera persona con la que el vicepresidente Naranjo tomó contacto a su llegada a Tumaco), tres jefes de frentes, ‘Guacho’, ‘David’ y ‘Cachi’, mantienen un férreo dominio sobre el conjunto del negocio del narcotráfico.
Iván Márquez ha dicho que alias ‘Guacho’ “no es disidente sino paramilitar”. Muchos testigos directos desmienten a Márquez. Al contrario, aseguran que los miles de millones que mueve el ‘Guacho’ no se quedan en Tumaco sino que fluyen hacia Bogotá, y no propiamente a las arcas de los paramilitares. ‘Guacho’ es de las Farc, dicen.
Todavía no se conocen los dictámenes de Medicina Legal sobre la muerte de los campesinos. La sensación que se respira en Tumaco es que el gobierno preferiría “reconocer” que la autoría es de la policía, a fin de evitar que se acuse a las Farc de incumplir el Acuerdo Final. Tanto a Santos como al ministro Villegas poco les interesa la suerte jurídica de los policías si los llegasen a juzgar por violar los derechos humanos. Y es evidente que Márquez y Romaña están exigiendo “carne de policía”.
Mientras tanto, las autoridades norteamericanas han entrado en una etapa de escepticismo que se resume en las preguntas que se están haciendo: 1. ¿El Acuerdo Final degeneró en la creación de feudos cocaleros? 2. ¿Cuál es la relación de la cúpula de las Farc con los agentes del narcotráfico? ¿Son propias filas o son disidencias? 3. ¿Continúan activas las relaciones de la cúpula de las FARC con los carteles mexicanos? 4. ¿Qué papel están cumpliendo en la expansión del narcotráfico las autoridades ecuatorianas? El sitio de confrontación con los cocaleros está a diez minutos de la frontera con Ecuador. 5. ¿Es realista el Acuerdo Final Santos-Farc o habrá que replantearlo? 6. ¿La masacre de octubre es una notificación de las FARC de que defenderán sus plantaciones y laboratorios a sangre y fuego? 7. ¿El acuerdo sobre narcotráfico y la puesta en marcha de la JEP, entendida como impunidad y elegibilidad para los jefes, no es la construcción de un monstruo institucional inaceptable para los Estados Unidos?
Publicado: octubre 9 de 2017