Anteriormente, la corrupción era la excepción y no la regla, por una razón elemental: la estatura moral de los políticos.
¿Cómo la política colombiana llegó a un estado tan deplorable? ¿En qué momento se desvió el curso del ejercicio democrático, y este dejó de ser una actividad de la inteligencia, para convertirse en el “recicladero” de individuos de menor cuantía? No es sano ni apropiado que la política de la República esté signada por la ramplonería, la carencia de ideas o el odio desbordado de aquellos que ven en el devenir proselitista la mejor oportunidad para generar divisiones, trayendo a colación el manido argumento de la lucha de clases, entre otras posturas que exudan populismo.
El Congreso de hoy en día en nada se parece al de antaño, ese en el que fulguraban, cual ráfagas de luz en medio de la penumbra, los discursos de Alfonso López Pumarejo, Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Arango Vélez, Fernando Londoño y Londoño, Gilberto Alzate Avendaño y Alberto Lleras Camargo. Como si se tratara de una broma macabra del destino, la mayoría de congresistas actuales (con algunas dignas excepciones) son la antítesis de aquellos ilustres hombres que llenaron de honor y gloria los anales de la historia de la Patria. Ni que decir de las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales, cooptadas por mafias de contratistas de quinta categoría, que ven en las finanzas públicas la oportunidad perfecta para enriquecerse de manera ilícita.
En otros tiempos, la corrupción era la excepción y no la regla, por una razón elemental: la estatura moral, intelectual, social y humana de los políticos de entonces los compelía, de una forma u otra, a hacer lo correcto. Los actuales filibusteros de la democracia solo se deben a los financiadores de sus campañas y a sus cómplices, y, en la mayoría de los casos, no tienen un legado, un nombre que proteger, porque, como la verdolaga, surgieron de la nada.
Si por el Congreso y los entes territoriales llueve, en la carrera por la presidencia no escampa. Alguien dirá que cualquiera puede ser presidente, después de que Santos lo logró, y no falta razón en esa afirmación: el primer mandatario de los colombianos no se caracteriza precisamente por su probidad ni mucho menos por su inteligencia. Ese es el círculo vicioso que debemos derrotar en el 2018, eligiendo a un candidato que reúna las condiciones que debe tener el verdadero líder, que ha de retornar a la República a los cauces del orden y del Estado de Derecho, como corresponde.
Sería un despropósito sin par que en el solio de Bolívar se siente alguno de estos punteros en las encuestas: Claudia López, Sergio Fajardo o Gustavo Petro, los dos últimos con investigaciones penales, disciplinarias y fiscales en curso, por cuenta de extraños manejos al frente de la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Bogotá, respectivamente. En cuanto a la señora López, se ha sabido, gracias al periodista Gustavo Rugeles, que la “dueña de la moral colombiana” logró tapar en la Corte Constitucional una condena por corrupción en su contra, por hechos cometidos en sus años mozos, cuando era funcionaria de la alcaldía capitalina. Lo anterior se suma al hecho de que los candidatos de marras profesan gran simpatía por las ideas izquierdistas, esas mismas que arrasan todo lo que a su paso encuentran.
Desde la óptica humana, se trata de tres personas lamentables. Claudia López recurre a la ordinariez como forma de expresión (es proverbial su falta de costumbres y buenas maneras); Petro es un ser lleno de complejos, resentimientos y odios como el que más, y Sergio Fajardo, el “culebreo play” que no se compromete con nada y que juega a diez bandas y además se encaja y no usa cinturón, y eso me genera mayor desazón.
Me resisto a creer qué tal fatalidad pueda acaecer. Es hora de derrotar a estos tres como debe ser: con las mayorías.
La ñapa: Está próximo a ser escogido el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, algo así como la fiscalía de ese engendro. De los ochos candidatos, hay tres con un sesgo mamerto inmejorable. Giovanni Álvarez, exfiscal de derechos humanos, cuestionado por un supuesto montaje en el caso del bombardeo a Santo Domingo; Fernando Jiménez, contratista de Fondopaz para gestionar ayudas a los guerrilleros presos, y María Consuelo Rincón, Magistrada de Justicia y Paz que ordenó investigar al expresidente Uribe por paramilitarismo.
Publicado: Octubre 8 de 2017